Tres vilezas

Marzo 31, 2012 - 12:00 a.m. Por: Paloma Valencia Laserna

La contralora Morelli inició una investigación sobre el carrusel de pensiones instalado en la rama jurisdiccional, donde con pocos meses en un cargo los magistrados de la Judicatura adquieren pensiones de congresistas (pues por fallo judicial esa rama se autoasignó el régimen pensional del Congreso). Los magistrados del Consejo de Estado nombraron conjueces, pues ellos están impedidos. Éstos decidieron que la Contraloría no tiene facultades para investigar a los magistrados, y que el asunto debe ser atendido por la Comisión de Acusaciones del Congreso.Se trata pues, de una manera muy efectiva de culminar la investigación. Además, es una evidente desconfiguración de las funciones estatales. El juicio del Congreso se establece para que tenga un elemento político, pero el tema del erario no tiene ni debe tener politización alguna. El control fiscal por disposición constitucional le corresponde a la Contraloría siempre que haya recursos públicos, y sin embargo, ahora quedan exceptuados los jueces. Es una verdadera afrenta contra la Constitución y la Justicia.El Congreso aprobó en quinto debate un proyecto de marco legal para la paz, que es el primer paso para una amnistía para las Farc. Dice el texto aprobado que podrá haber tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades, y agrega que se podrá autorizar la renuncia a la persecución penal o la suspensión de la ejecución de la pena. Es decir, se están preparando los mecanismos para que los criminales que han asesinado, secuestrado, volado pueblos e infraestructura del país puedan ser liberados de todas sus culpas; podrá no haber procesos penales contra los delincuentes. Otro atentando contra la Justicia.El caso de Santo Domingo donde se pretende responsabilizar a los pilotos de la Fuerza Aérea por la muerte de unos civiles ha sido señalado por muchos como un intento más de condenar a las FF.AA., por hechos que le son ajenos. La tesis de la defensa es que la bomba que mató a los 17 civiles no la disparó el helicóptero, sino que fue puesta en un camión por las Farc, así lo señalaron las comisiones de expertos que hicieron la recolección de la evidencia. También lo reconoció una sentencia -en firme- de un Juzgado en Arauca en el que fue condenado el jefe guerrillero ‘Grannobles’ a 53 años de prisión por esos hechos. Esto debería dar por terminado los procesos contra los oficiales y aquellos que pretenden imputarle responsabilidad al Estado. Sin embargo, sucede lo contrario. Se reciben pruebas que no fueron recolectadas por los expertos, sino por civiles y adjuntadas al proceso, incluso, un año después y como la sentencia era un obstáculo, acaba de ser anulada por el Tribunal Superior de Arauca. Es decir, ‘Grannobles’ se libró de su condena, para poder seguir con el proceso contra los pilotos. Corresponderá a la Corte Suprema analizar el asunto.Se dice que hay más miembros de la Fuerza Pública en la cárcel que guerrilleros y paramilitares, de ser cierto esto sería una verdadera enfermedad. Estos tres hechos, ocurridos esta semana, ponen de presente la creciente injusticia en el país. La sociedad es responsable, pues los fallos se hacen a nombre de la Nación colombiana. Es creciente la necesidad de más debate, de más control ciudadano. Nada refleja más la calidad de una sociedad que su Justicia.

VER COMENTARIOS
Columnistas