Reformas

Reformas

Julio 16, 2011 - 12:00 a.m. Por: Paloma Valencia Laserna

El gobierno Santos ha sido extremadamente eficiente en la aprobación de normas; la mayoría versa sobre temas fundamentales de la actualidad colombiana. El ministro Vargas Lleras manejó acertadamente el Congreso y su éxito en términos de resultados es incuestionable. El Congreso fue eficiente; el bloque normativo pasó sin resistencia.Ahora bien, el contenido de los textos -voluminosos y complejos- es poco conocido por la opinión pública; la falta de oposición dejó a la ciudadanía sin la oportunidad de conocer los detalles específicos de la nueva normativa y oír las posiciones de quienes no están de acuerdo. Salvo la ley de víctimas y restitución tierras, donde algunos críticos en los medios de comunicación -y más escasos en el Legislativo- señalaron el problema fiscal que puede acarrear esta ley. El argumento es que es inviable financieramente; el Estado no tiene recursos de superávit, así que la implementación de la ley requiere más impuestos o el recorte presupuestal de otras áreas. A ello se le suma la imposibilidad de conocer su costo total. El articulado es ambiguo, de manera que no hay limitaciones claras. Por ejemplo, no se dijo cuántos familiares de una víctima pueden optar por la reparación; eso daría para que prácticamente todos los colombianos podamos acceder a esas ayudas. Además son víctimas -según la ley- quienes hayan sufrido menoscabo en sus derechos a partir del 1 de enero de 1985. Esta fecha arbitraria y sin razón para ser sostenida, será seguramente derogada por las Cortes, que evidenciarán que aquel parámetro no respeta la igualdad de los ciudadanos, pues no representa ningún hito o cambio en la historia de la violencia en Colombia.La reforma política, a pesar de solventar asuntos importantes, no representa un avance significativo en la comprensión del fenómeno de la debilidad partidista colombiana. Se limita a cerrar los huecos que había dejado la ley anterior y endurecer penas para que ‘lo deseable’ ocurra. No resolvió el problema fundamental de las disidencias, que son la barrera más difícil de solventar en la política actual. Una norma que reconociera la posibilidad de avalar dos candidatos para las elecciones unipersonales (presidente, alcalde, gobernador) cuando en las consultas el candidato perdedor alcance el 40% de los votos, hubiera flexibilizado la estructura de los partidos y reconocido la representatividad de las minorías representativas. Por ejemplo, Mockus, en el Partido Verde, hubiera tenido la opción de competir contra los candidatos ganadores y abrir el debate para que se resolviera en la contienda electoral.Viene ahora la reforma a la Justicia. Se trata del pilar fundacional del Estado; la renuncia a la justicia por mano propia, supone no sólo que el monopolio de la fuerza lo ostente el aparato institucional, sino que además éste sea capaz de resolver los conflictos entre los asociados. La percepción ciudadana sobre la Justicia no es la mejor; se habla de politización, de persecuciones, de corrupción y de ineficiencia. Es prioritario solidificar esta rama del poder, sólo así es posible consolidarnos como una nación democrática y pacífica.La estructura de la rama requiere una transformación que la sintonice con los principios del Estado democrático: deben existir sistemas de frenos y contrapesos que la regulen, y una vinculación con el poder democrático que ostenta el pueblo. Por eso sorprende que la discusión esté limitada a temas irrelevantes como la edad de retiro forzoso de los magistrados y las exigencias de un régimen especial de pensiones.

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