Política judicializada

Política judicializada

Noviembre 27, 2010 - 12:00 a.m. Por: Paloma Valencia Laserna

La polémica que desató el comunicado del ex presidente Uribe había estado latente desde que él era Jefe de Estado. La cuestión que subyace no es menor, se trata de la relación entre la política y la justicia. Se ha vuelto costumbre en Colombia terminar los debates políticos en los estrados judiciales. Es un mal vicio que distorsiona la esencia de la confrontación pública, la toma de posiciones y la oposición a las ideas predominantes.Llevar la política a los tribunales se entendió como una manera de enseriar los debates, algunos periodistas la recomendaban. La Constitución del 91 arrancó funciones esenciales de la política y las puso en manos de jueces, bajo el supuesto de que convenía un órgano de particulares técnicos que se alejara de la dinámica electorera. Aquello dio lugar a que se mantuvieran esquemas como la cooptación, mediante la cual las vacantes de la Corte Suprema las eligen sus propios miembros.Aquel supuesto de que existen magistrados puros, libres de vínculos e intereses, es falso. Todos, como humanos, tenemos pasiones e ideales que inspiran nuestras acciones. Precisamente por eso, lo importante en una democracia es que las instituciones guarden cierta sintonía con la voluntad popular. Históricamente la voluntad popular ha tendido a ser más liberal y garantista que la que se produce en los núcleos de poder. Los poderes independientes tienden a volverse impenetrables y los intereses pueden desviarse de aquellos que le preocupan a la Nación. La Rama Judicial colombiana no está vinculada de ninguna manera con la voluntad popular. Esto es un riesgo y da lugar a evaluar cuál es su agenda política que inevitablemente tiene. No es sano, y así lo señala el ex presidente en su carta, que aún no haya Fiscal. Es una falla de la Constitución, claro, no haber previsto una solución para un evento así; pero es además una mala norma aquella que encarga al ente juzgador de elegir a la cabeza del ente acusador. Es evidente que aquellos son dos poderes que deberían ser muy independientes el uno del otro, más aún cuando la Corte, violando los derechos del hombre, juzga en única instancia a los congresistas. Lo contrario nos retrotrae a los tiempos despóticos, en los que quien acusaba también juzgaba. El Fiscal debe ser independiente. En EE.UU., por ejemplo, aquella es una figura de elección popular, pues la justicia, por sobre todo, debe estar muy cerca del querer social y lejos de las tentaciones de los poderes personales.Sobre el sonado escándalo, vale la pena relievar algunas cosas que, sin pretender justificarlo, pueden ayudar a explicarlo. El DAS es una de las instituciones más oscuras del aparato estatal, pues, como casi todas las centrales de inteligencia, actúa en los bordes de la ley. 275 figuras de la política pública fueron ‘chuzadas’, de las cuales muchísimos eran partidarios del Gobierno, como Juan Manuel Santos, su esposa y sus dos viceministros; Sergio Jaramillo y Juan Carlos Pinzón, Sabas Pretelt de la Vega y el general Óscar Naranjo, director de la Policía; así mismo, varios parlamentarios uribistas, entre ellos Gina Parody. Aquello lesionó gravemente la intimidad, pero es difícil configurarlo como un complot contra la Corte cuando el abanico es tan amplio. Además, para fortuna del país y hasta lo que conocemos, se limitó a un triste episodio de espionaje, no se causaron mayores daños que hubieran sido posibles, como extorsiones o chantajes.

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