¿Persecución contra el uribismo?

Hay una tendencia a investigar a la cúpula del uribismo. El hecho no sería sospechoso si por hechos similares se investigara a otros sectores de la política colombiana. La aplicación selectiva de la ley (me refiero a que en el país se puede estar escogiendo a quién investigar) puede convertir el sistema judicial en un mecanismo capaz de persecución política. Este podría ser el caso de Luis Carlos Restrepo; el país ha tenido noticia de que en los procesos del Estado, que ofrecen beneficios para los afiliados hay muchísimas personas incluidas sin tener derecho. El fraude al Estado se ha dado a lo largo de la historia en incontables ocasiones; en los terremotos miles de personas llegan al lugar de la tragedia para beneficiarse de los auxilios estatales. Sabemos que las listas de desplazados están infladas con ciudadanos que no fueron víctimas. Pero si observamos los hechos más recientes tenemos al menos tres que comparten las mismas características: falsos desmovilizados; falsos desplazados y falsas víctimas. Los tres casos no son ninguna novedad y son un desarrollo más de una cultura donde la corrupción es habitual. Lo que es extraño es que sólo en el caso de Restrepo, los falsos desmovilizados, hay movimiento judicial contundente. En los otros casos se anuncian cosas pero no hay investigados. No era función del Comisionado de Paz establecer si los reinsertados eran o no parte de los grupos ilegales, esa función -por ley- corresponde a la Fiscalía. La constitución como parte civil de la Presidencia de la República en el proceso contra Restrepo contrasta con que para los otros casos -con las mismas características- no sólo no se consideran víctimas, sino que ni siquiera hay declaraciones contra los vinculados en esos hechos. No se trata de que si saben o no si Restrepo es culpable; en proceso las pruebas no han sido develadas y por lo tanto la Presidencia no puede saberlo.Otro argumento que aducen los uribistas es que a los funcionarios del gobierno Uribe se los investiga por hechos que han sido tradicionales en el quehacer político de Colombia y por esos mismos hechos no se había investigado nunca a nadie. La pregunta que surge está dada por la tensión que supone el que efectivamente haya una desviación de la conducta que la ley ordena y al mismo tiempo una costumbre social que respalda el comportamiento alejado de la ley, y ha sido soportado por la administración judicial que no ha perseguido a nadie por esos hechos.El delito más grave de Agroingreso Seguro es la contratación con el Iica -organismo de la OEA-, pues el proceso no debería haber sido hecho por un convenio interinstitucional sino a través de una licitación de la Ley 80. Dejemos de lado los argumentos jurídicos que soportan el haber elegido el convenio sobre la licitación y aceptemos que esos convenios son ilegales. Lo grave del asunto es que la mayoría del Estado ejecuta con ellos gran parte de sus recursos; así se ha hecho pese a las advertencias de la Contraloría. Los convenios con entidades multilaterales han sido útiles y usuales. Si se está seleccionado a quién sancionar, habría una injusticia al tratar casos iguales de manera diferente. Más aun cuando por estos hechos se le da -con rebajas- al Viceministro una pena de 10 años (donde se habla de un peculado a favor de terceros, siendo el Iica el beneficiario), cuando a los Nule les dan 7 años y medio.Y, a la hora de valorar los testimonios, contra los uribistas se aceptan testigos mentirosos y señalados así por muchos; en cambio cuando ese mismo tipo de personajes -hampones de notorio recorrido en la delincuencia- se refieren a miembros de otras ideologías la sana critica del testimonio los rechaza.