¿Para quién los dineros públicos?

Ingrid tal vez desconocía que la gestión que adelantó su familia en busca de su liberación dañó mucho su imagen pública. Su imagen –no ella- se convirtió en una constante presión de agentes nacionales e internacionales para forzar el intercambio humanitario que la nación rechaza. Su familia habló mal del país y su gobierno. Colombia estaba saturada y con la exorbitante conciliación, todo explotó. Para ella ha debido ser triste este episodio, pero subyace una cuestión fundamental, las demandas contra el Estado.Cifras de la Contraloría muestran que las pretensiones contra el Estado ascienden a $150 billones. La estadística también muestra que el Estado pierde el 80% de las demandas. Para tener un contexto, el presupuesto nacional de este año es de $148 billones 300 mil millones, con varios gastos fijos: $83 billones 200 mil millones en funcionamiento; $40 billones 700 mil millones para el pago de la deuda pública. Para la defensa y seguridad se destinaron $21 billones y $24 billones 400 mil millones para programas de inversión social. La ‘demanditis’ contra el Estado hay que curarla. Somos un país de recursos escasos. Lo que el Estado puede hacer está limitado a ese monto. Para incentivar la creciente conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio público conviene que todos los colombianos paguen impuestos, aunque sean pequeños. Eso aumentará la sensibilidad de que ese dinero no es de nadie sino de todos. Hay que establecer sistemas de defensa judicial efectivos. La figura del equilibrio contractual del derechos administrativo y ajena al derecho privado debe ser proscrita. Ha dado para que los contratistas inflen los contratos y luego requieran del Estado nuevas y jugosas partidas. Los riesgos de los negocios no siempre los puede asumir el Estado. Tampoco debe ser aceptable la subcontratación en el derecho público. Por otro lado, las cargas prestacionales de la Nación son absurdas, el peso del magisterio y de muchas de las empresas del Estado que se usaron con fines politiqueros tienen las arcas muy afectadas, todo esto se limitó con la ley de pensiones y debemos estar atentos a que no sucede otra vez.Las cortes internacionales están acostumbradas a preferir fallos cuyas cifras son astronómicas. Con este ritmo de condenas al Estado colombiano pronto estaremos recaudando impuestos para pagar sentencias. Valdría la pena revisar esas sentencias como proporción de los presupuesto de los países condenados, e imponer límites en los porcentajes. La tesis de que el Estado debe proveer seguridad y no lo hace, es cierta; pero no por eso podemos pagar por ello el resto de los colombianos. Lo que se le quita al presupuesto nacional disminuye alguno de los rubros y terminará afectado la seguridad o la inversión social que beneficia a toda la Nación. No se hace mas dinero para hacer justicia, y cada peso que paga el Estado es un peso que perdemos como país.El proceso de reparación de víctimas se está iniciando sin que el conflicto haya terminado. Tenemos que preguntarnos ante el límite presupuestal si tenemos como repararlas y si lo hacemos cuales serán los rubros a reducir. Si se disminuye la seguridad, por ejemplo, se está dando prelación a las víctimas sobre el resto de los ciudadanos cuya vulnerabilidad aumenta. El problema de los recursos escasos es que es necesario priorizar: lo ineludible, lo necesario, sólo entonces, lo deseable.