No son sólo percepciones

Febrero 04, 2012 - 12:00 a.m. Por: Paloma Valencia Laserna

Al inicio del gobierno Santos se dieron los primeros ataques de las Farc y se alzaron voces de alarma; el Presidente las descalificó. Algunos todavía insisten en que se trata de un ánimo revanchista de los uribistas. Lo cierto es que este ha sido el peor enero de los últimos 8 años; y febrero se inició con la muerte de 18 compatriotas y más de 100 heridos. Son hechos que el Gobierno no puede seguir ignorando. Está pasando; la violencia está reviviendo.Hay quienes somos muy sensibles ante la seguridad, pues consideramos aquel, el valor fundamental de la sociedad organizada. Las teorías que intentan explicar la existencia del Estado muestran un vínculo entre la necesidad de protección y la existencia del Estado. La seguridad es el cimiento de la legitimidad estatal, la base para la prosperidad. Aún si dejamos de lado la filosofía, se trata de un mero sentimiento de afinidad con otros colombianos; que no por vivir en zonas alejadas pueden ser olvidados. El país no puede concentrarse en mirar cifras económicas y exaltarse por el crecimiento de la minería y deleitarse por la inversión extranjera, cuando el terrorismo se lleva por delante la vida, las viviendas y la tranquilidad de algunos colombianos. No se puede llamar nación a aquella que es indiferente al dolor de unos ciudadanos.El otro pilar sobre el que se erige el Estado es la administración de Justicia. La función de resolver los conflictos sociales a través del Estado se asienta en la idea de que un tercero, neutral y poderoso, es capaz de juzgar los hechos y resolver -de acuerdo a las normas- con un sentido de justicia. En Colombia cada vez son más los que se sienten inseguros ante la Rama Judicial. La confianza en sus fallos decrece. La politización de la Justicia se vio cuando los magistrados salían de sus cargos para adentrarse en campañas políticas, pero se hizo notoria cuando políticos pasan a ser magistrados. Es el caso de uno de los autores del fallo contra el coronel Plazas Vega; Alberto Poveda Perdomo fue representante a la Cámara por el Frente Social, de ideología izquierdista. Es evidente que todos tenemos cargas políticas, es humano; pero no es aceptable que quienes militan con beligerancia en las ideologías pretendan luego impartir justicia. Los juicios políticos corresponden al Congreso, pues este es elegido democráticamente y por ello se supone un reflejo representativo de la sociedad. En la jurisdicción no hay representatividad democrática, y sus decisiones deberían ser neutrales o pretender serlo. Colombia requiere una reforma judicial total que tome en serio el problema de la politización; tribunales conformados teniendo en cuenta la ideología política y la conformación democrática del país; jurados de conciencia integrados por ciudadanos; en fin, mecanismos que reconozcan que las fuerzas ideológicas están presentes y por ello es necesario integrar el sentir nacional a la hora de decidir lo que es justo. Colombia no puede seguir de espalda a estos dos problemas; dos de los pilares fundamentales del Estado están en crisis. Frente a la violencia el Estado tendrá que actuar, y resolver la desmotivación de las FF.AA., ligada en algún sentido a la politización judicial. Es difícil articular una estrategia para solventar la cuestión de la justicia, pero debemos ser creativos. La reforma en trámite no resuelve casi nada. No se trata de revanchismos ni de luchas ideológicas o entre las ramas del poder; es un conflicto que surge de un pobre diseño institucional que debe ser acoplado a las realidades fácticas del país.

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