La letra muerta

La letra muerta

Abril 27, 2013 - 12:00 a.m. Por: Paloma Valencia Laserna

Mi columna de El Espectador, en la que invité a comparar la moralidad entre EE.UU. y Colombia en lo que se refiere a su manera de atender la seguridad interna, tuvo el privilegio de ser discutida por el Dr. Kalmanovitz, reconocido por su aguda inteligencia. Mi propósito era reparar en la manera como el país del norte se sacude por la ocurrencia de hechos violentos, mientras hechos similares o peores suceden en nuestro país sin ocupar siquiera un titular. También, resalté la efectividad mediante la cual se sometió a los violentos, en ese país donde la ley está respaldada por una amenaza real de castigo. EE.UU. ejerce el monopolio de la fuerza, por la aparente paradoja de que, precisamente, tiene el monopolio de la fuerza. Coincido en casi todas las observaciones del columnista, sin embargo quisiera, en tanto la brevedad de este escrito lo permite, referirme a mis discrepancias.Mi llamado no es a profundizar el conflicto, sino al respeto a la ley. Aquella formula terrenal y burda que pretende hacer tangible el siempre supremo principio de Justicia. Mi reclamo sobre la justicia va más allá de las Farc y de los paramilitares; se refiere a una dolencia profunda cuyas consecuencias desarticulan la consolidación del Estado de derecho.Dejando de lado el que los casos de inoperancia judicial a los que se refiere Kalmanovitz fueron seleccionados según sus preferencias políticas, y que por lo tanto se refieren al gobierno Uribe, cabe anotar que las injusticias en nuestro país superan lo numerable. ¿Qué pasó con las investigaciones sobre la Catedral desde donde Pablo Escobar mandaba a asesinar? ¿Qué con el asesinato de Álvaro Gómez donde los únicos investigados son los propios Gómez? ¿Qué con el asesinato del chofer de Horacio Serpa o la monita retrechera? Y mi constante queja: el que quienes han producido tanta violencia en nuestro país sean perdonados con total impunidad. Sostiene el columnista que mi clamor por el respeto a la ley, debe quedar subsanado por la utilización de la justicia transicional para las Farc; y estoy de acuerdo siempre y cuando aquella garantice unos mínimos de justicia, verdad y reparación. La suspensión de la pena, las sanciones extrajudiciales, las penas alternativas, las modalidades especiales de cumplimento de la pena y la renuncia a la persecución judicial que consagra el Marco Jurídico para la Paz no lo hacen. Condenar a alguien para que no pague un día de cárcel, no es justicia; se parece más a las condenas en las que el procesado escapa de la cárcel o nunca es detenido. Coincidamos el Dr. Kalmanovich y yo en el diagnóstico de que este país necesita superar la aplicación selectiva y esporádica de la ley para pasar a un escenario donde la Justicia juzgue, y el Estado proteja y aplique la ley. Tampoco diferimos en que conviene hacer una última excepción a la ley para permitirle a las Farc dejar las armas. Nuestra diferencia aparece en qué tanta justicia, verdad y reparación podemos ceder. Tengo lo opinión de que Colombia no podrá dejar atrás la violencia mientras legitime su uso como mecanismo de acceso a la política. Este es el momento en que la sociedad colombiana debe decidir el mensaje que les da a los violentos: si los fines políticos justifican el uso de la violencia, si la búsqueda de la paz pasa por la abolición de todo principio de justicia. La ley es tan sólo un incentivo, que si se prueba completamente ineficaz, hace de la ley letra muerta.

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