La esterilidad del despeje

La esterilidad del despeje

Julio 14, 2012 - 12:00 a.m. Por: Paloma Valencia Laserna

No hay ningún colombiano que no esté cansado de la guerra. Por supuesto, existen comunidades y áreas de Colombia que han tenido que soportar mucha más violencia y destrucción que otras. El Cauca ha sido una víctima continua; todos los grupos ilegales han penetrado y arruinado nuestro departamento. Sin embargo, entregarnos a ellos no es la solución. Los indígenas están siendo ingenuos al considerar que las Farc van a abandonar su territorio. No lo harán por varias razones: la primera y más obvia es que los guerrilleros son los dueños y administradores de los cultivos ilícitos. Los indígenas recibieron más de 570 mil hectáreas en el departamento; pero ante la imposibilidad de explotarlas, han dedicado grandes partes del territorio a los cultivos ilícitos. Ese sustento de los indígenas, es también el combustible del conflicto y la fuente principal de recursos de los guerrilleros. Además, las áreas indígenas hacen parte de los corredores por donde se trafican las drogas. El Cauca a través de la bota caucana, conecta el Caquetá y el Putumayo con la Costa Pacífica desde donde los embarques se despachan. Es un negocio al que las Farc no van a renunciar. Más aún, por esa posición estratégica el territorio, incluido el de los indígenas, es asiento de muchos guerrilleros que desde ahí manejan el narcotráfico y libran la guerra contra el Estado.Así las cosas, con una presencia narco-guerrillera inamovible, si la Fuerza Pública abandona las áreas habría una tregua, como la hay en la regiones del país donde el Estado ha perdido el dominio territorial y los habitantes están bajo el yugo de los violentos, hay una paz aparente. A corto plazo aquella solución puede parecer efectiva, la sociedad puede acostumbrarse a vivir con derechos reducidos -sin libertad, sin posibilidad de expresarse, con el temor de ser aplastado por el arbitrio de quien tiene las armas. Claro que puede acostumbrarse a vivir como se vive en los regímenes comunistas y tiránicos, donde los ciudadanos sobreviven y pueden desarrollar sus actividades, sin libertad y sin derechos; pero esa es una vida muy pobre e indigna. Cabe también preguntarse por la legitimidad y la representatividad de los voceros indígenas que insisten en la desmilitarización. ¿Representan a todos los indígenas? ¿A la mayoría? ¿Tienen en cuenta el deseo de los habitantes de la zona que no son indígenas? ¿Qué pasa con las autoridades administrativas, elegidas por voto popular que se oponen a la medida? ¿Ellos no son representantes? Hay graves sindicaciones de vínculos de algunos de esos líderes indígenas con narcoterroristas del ELN e incluso de las Farc. Algunos se atreven a denunciar este plan como originado y orquestado por los grupos narcoterroristas; prefiero pensar que el argumento del deseo de la paz y el cansancio de la guerra obliga a medidas desesperadas. Sin embargo, no podemos menospreciar el poder de las Farc de penetrar las estructuras y pervertir la voluntad de los pueblos. No se trata sólo de la seguridad de los indígenas. Permitir una zona de distensión fortalecería a la narco-guerrilla, que saldría desde ahí a destruir otros pueblos y otros colombianos. No está bien exigirles heroísmo a quienes están sometidos a la violencia, y pedirles que soporten la guerra; pero tampoco es admisible permitirles que se conviertan sus territorios en santuarios de las Farc y otros grupos violentos. El Estado y la sociedad colombiana necesitan hacer un esfuerzo para que se garantice la seguridad de los indígenas y al mismo tiempo puedan explotar sus tierras sin cultivos ilícitos. Los indígenas son colombianos: ellos deben comprometerse con el país, pero el país tiene también que garantizarles sus derechos.

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