¿Justicia internacional?

Diciembre 01, 2012 - 12:00 a.m. Por: Paloma Valencia Laserna

La justicia es un valor fundador de la convivencia social. Colombia sigue rezagada en la consolidación de una rama jurisdiccional que le dé confianza a los ciudadanos, y que resuelva de manera oportuna, con los criterios establecidos en la ley, los conflictos sociales. Esta insuficiencia interna ha tratado de ser compensada utilizando justicias externas. Fue así, como en la época donde fallábamos a la hora de condenar a los narcotraficantes, buscamos el respaldo -aún muy usado- de la justicia estadounidense. Las extradiciones se convirtieron en una justicia subsidiaria que aplicábamos a través de las instituciones del país del norte. A veces parece que este mismo afán de buscar justicia nos ocupa al haber ingresado a los tribunales internacionales. Es una manera facilista de solucionar un problema de fondo en la jurisdicción colombiana: en el exterior, ante otros jueces, conseguiremos la añorada justicia. Sin embargo, a diferencia de la extradición, en esas cortes el condenado resulta siendo el Estado colombiano y a través de él, todos los ciudadanos. Nuestros impuestos, sin criterios de estabilidad fiscal, tienen que pagar abogados, condenas y el buen nombre de nuestro país sometido al escarnio internacional. El sistema de cortes internacionales, todo él, no le conviene a Colombia. La salida del Pacto de Bogotá debe estar acompañada por la denuncia de todos los demás tratados que nos vinculan a esa y a otras instancias internacionales. Esto no significa, por supuesto, que nos convirtamos en un país sin relaciones internacionales; simplemente le devuelve a la diplomacia colombiana la función de buscar soluciones concertadas para los conflictos internacionales que se presenten. No tenemos la capacidad de asumir con éxito esos procesos; cada vez somos condenados con gigantescas sumas de dinero sin que prevalezcan la verdad o la justicia. Los abogados se nombran a última hora, lo vimos en el caso del Palacio de Justicia designado cuatro días antes del vencimiento de los términos. Las estrategias son confusas, como en el caso de La Haya. Se hacen de espaldas al país y a puerta cerrada de manera que los otros abogados internacionalistas e historiadores que de buena gana aportarían, quedan excluidos. Al mismo tiempo, algunas de nuestras defensas muestran fallas protuberantes, como la condena a nuestro Estado por la masacre de Mapiripán, donde ni siquiera se tomaron la molestia de investigar a las supuestas víctimas, algunas de las cuales resultaron siendo falsas. (A propósito de lo cual existen las denuncias de la madre de una de las falsas víctimas que señaló que el Colectivo de Abogados sabía que sus hijos no estaban muertos sino desaparecidos; ¿Dónde está la investigación? ¿Las sanciones?). Un país desordenado y caótico como el nuestro, con una economía apenas floreciente, se somete a ser derrotado luego de pagar sumas exorbitantes de dinero en defensas que terminan en que tenemos que pagar millonadas en condenas. Los esfuerzos de nuestro país deben encaminarse en reformar la Justicia nacional de manera profunda, para que garanticemos a todos los colombianos, sin excepción, el acceso a ese servicio. Esa es la función esencial del Estado, no podemos delegarla en desmedro de nuestra propia soberanía, ni podemos cederla ante nuestra incapacidad. Nota: Agradezco a la Sociedad Colombiana de Prensa, en cabeza de su presidente Alfonso López Caballero, su generosa distinción con el Premio Nacional de la Comunicación y el Periodismo Alfonso López Michelsen; y a los lectores y oyentes que me enaltecen y estimulan con su respaldo.

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