Fuero Militar

Diciembre 15, 2012 - 12:00 a.m. Por: Paloma Valencia Laserna

La aprobación del Fuero Militar ha generado mucha polémica, sobre todo entre las organizaciones internacionales de derechos humanos. La catalogan como una reforma que garantiza la impunidad. Nada más tendencioso. El Fuero Militar es una forma de presunción de inocencia más fuerte que la de los particulares. Se trata de asumir que las acciones de un miembro de la Fuerza Pública hacen parte de sus operaciones; y se le da el beneficio entonces, de que sean un tribunal militar el que evalué si fue o no así, y de serlo lo juzgue; de no serlo lo envíe a la Justicia ordinaria. Es una garantía necesaria y justa. La Fuerza Pública en Colombia no sólo porta las armas como símbolos de defensa del régimen constitucional, sino que se ve en la obligación de usarlas para repeler los ataques de grupos ilegales para apoderarse del Estado y someter a la población. Las condiciones de esa vida -que no es fácil, ni suntuaria- aumentan los riesgos de quedar inmerso en hechos que involucran muertes y violencia. Es evidente que un error de quien carga armas causa un gran daño. Además las condiciones de sentirse vulnerable, amenazado, en estado de zozobra por la posibilidad de un combate, aumenta la posibilidad de que se cometan esas fallas. Esos riesgos que asumen a nombre de la Nación, deben generarles unas correlativas garantías. La Nación tiene que aportarles respaldo, pues es ella, y no los militares quienes se benefician de esa actividad.Lo cierto es que los militares sienten que existe una guerra jurídica en su contra, y que la están perdiendo. Para mostrarlo señalan que hay más militares presos que paramilitares y guerrilleros. Así también, relucen las sentencias de jueces que les niegan cualquier beneficio a los militares aduciendo la peligrosidad del sujeto, que se demuestra con la lista de cursos de combate y de condecoraciones. Se los acusa de ser máquinas de matar que no pueden gozar de los beneficios que se les dan a las personas ordinarias. Otras donde los jueces desfogan sus prejuicios contra el Ejército al que califican, sin miramientos, de ladrones y asesinos. Casos como los de Plazas Vega, donde el Magistrado encargado tomó tiempo exclusivo para estudiar el proceso, y luego de un año de estudio, concluyó que era inocente. Los otros, sin haber estudiado el caso, negaron la ponencia y en pocas semanas lo condenaron. Cabe resaltar además que uno de esos magistrados había militado en la política de izquierda y había sido derrotado hacia poco tiempo en las urnas. Más aún, la Justicia ordinaria tampoco ha sido eficiente. No hay casi sentencias, los procesos se dilatan mientras los militares siguen detenidos, aún con los términos vencidos, con recortes en sus sueldos que les impiden mantener a sus familias. Pasan militantes de los partidos de izquierda a visitarlos para ofrecerles beneficios si acusan a sus superiores –en especial a aquellos con reconocida trayectoria en el combate.Aunque otros sostienen que no existe la guerra jurídica, lo cierto es que la Fuerza así lo siente, y para mantener su ánimo es fundamental darles garantías. Las Fuerzas son las primeras en querer evitar la impunidad, pues no existe en ellas una agenda criminal. Hay fallas, errores, casos aislados; que las propias fuerzas han venido corrigiendo. Han demostrado de manera constante su compromiso por mejorar, proteger los derechos humanos, y dar la guerra cumpliendo todos los preceptos de la ley y de los códigos de honor que los inspiran.

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