El paro judicial

El paro judicial se le ha ido complicando al Gobierno. Es a todas luces un paro ilegal, porque las suspensiones de los servicios públicos esenciales, lesionan los derechos fundamentales de los ciudadanos. La administración de justicia es uno de los pilares constitutivos del Estado; es justificación de la existencia estatal, y al mismo tiempo, una necesidad inaplazable de los ciudadanos. En consecuencia los derechos de protesta –tan importantes- tienen que ceder ante la importancia capital del servicio que se presta. Aquello no parece importarle a los funcionarios de la rama, más preocupados por sus condiciones laborales –que no son malas- que por el cumplimiento de la delicada misión que se les ha encomendado.Sin embargo, los defectos de este paro judicial van mucho más allá. Colombia viene desde hace mucho sufriendo una rama jurisdiccional ineficiente. Se ha culpado al sistema legal, reformado hasta los límites de lo pensable sin que se consigan mejoras significativas. El problema no es la ley, ni los códigos, lo cierto es que los operadores judiciales no tienen suficientes conocimientos en derecho, los domina una costumbre de dilación, de postergar y no resolver. Por eso los colombianos se muestran muy insatisfechos con la calidad de la justicia en Colombia.Y vale decir que un buen servicio de justicia es esencial para la consolidación de la democracia y una sociedad pacífica. Es natural en la convivencia el conflicto, hace parte de la interacción humana; lo que define los niveles de civilidad es precisamente la manera como se resuelven. No es descabellado sugerir que la ineficiencia de la justicia se convierte en causa de violencia en Colombia; la gente se ve obligada a buscar mecanismos para resolver sus conflictos por fuera del sistema.Conviene señalar que los costos de los que se habla son sólo para el reajuste, pero de ahí en adelante los colombianos tendremos que seguir pagando esos nuevos y altos salarios. Además de tener que asumir pensiones con esos nuevos sueldos, e incluso demandas donde otros funcionarios judiciales ya jubilados, invocando el principio de igualdad busquen mejoras en sus pensiones.Una mejora de los salarios podría, eventualmente, mejorar la justicia siempre y cuando se flexibilice la entrada y salida de funcionarios. Deben existir mecanismos para que cada dos años se abran convocatorias para que nuevos profesionales compitan por esos cargos. Nuevos salarios sí, pero si se hacen con una flexibilización laboral profunda que permita renovar la nómina, y escoger los mejores. Aumentar los salarios para seguir teniendo un pésimo sistema de justicia es sencillamente inaceptable.En un país que tiene uno de los desempleos más altos de Latinoamérica, con unos índices de pobreza significativos y preocupantes, no parece adecuado que los funcionarios de la rama jurisdiccional sostengan que requieren un reajuste para ser más parecidos a los altísimos salarios que tienen los magistrados de las altas cortes. Los jóvenes que cada año se gradúan y no consiguen empleo, así como tantos otros colombianos deben tener la oportunidad de competir para acceder a los cargos de la rama jurisdiccional, más aún de toda la burocracia estatal.El defecto del sindicalismo es que toma la vocería del pueblo para defender intereses particulares, de grupos ya beneficiados. Este es un país hay muchos colombianos capaces desempleados. ¿Por qué defender los derechos de unos pocos, en vez de buscar mecanismos para que los mejores sean premiados con los cargos?