¿Y el plan para Cali?

¿Cuál es el plan para sacar a Cali de esta espiral de violencia y anarquía en la que completamos ya seis semanas? ¿Recuperar la ‘normalidad’ a punta de plomo, como sugieren algunos por ahí?

¿Y cuál es el plan para superar la desigualdad y la falta de empleo y de oportunidades que acosan a tantos jóvenes? ¿Seguir incendiando las estaciones y buses del MÍO hasta que ya no quede servicio de transporte público?

Me perdonan quienes justifican o pregonan esas ‘brillantes’ ideas, pero ayudan muy poco para que Cali supere el bloqueo que enfrenta hoy en sus calles y en su espíritu. Ese no puede ser el plan.

No será con más Esmad, ni con más represión, ni con más sangre de muchachos derramada cada noche, como vamos a superar este escenario de caos detenido en el tiempo.

Pero tampoco vamos a lograr el cambio social que miles reclaman, a punta de desaparecer, torturar y asesinar a jóvenes policías, tan pobres y necesitados como los del otro lado de la barricada.

Cali no necesita grupos de autodefensas, con ‘rambos’ armados hasta los dientes que salgan a disparar a diestra y siniestra a otros civiles. Y menos aún, miles de empresas quebradas por los bloqueos.

Después de seis semanas de barbarie todos estamos agotados y angustiados. Pero, increíblemente, no se habla de las soluciones de fondo a los problemas.

Y eso es especialmente dramático en Cali y el Valle del Cauca. Salvo el proyecto ‘Compromiso Valle’, que articula esfuerzos de los empresarios (y del que no hablaré aquí pues recién me entero de su existencia al escribir estas líneas), no se conoce ni un solo plan para salir de este abismo.

El caso de Cali es patético. En esta ciudad durante el último año, por causa de la pandemia, el número de pobres aumentó en un 67%, según las cifras del Dane.

Más de 934.000 personas están hoy en condición de pobreza monetaria y más de 342.000 en pobreza extrema. En solo doce meses, 256.000 ciudadanos salieron de la clase media al perder empleos y negocios.

Ante ese panorama, ya debería estar activo un vigoroso plan de inversión por parte del Estado local, que frene el deterioro de las condiciones de vida de la población vulnerable.

Pero no es así. Muchos de los programas de alto impacto social que existían en la ciudad fueron relegados a un segundo plano por el gobierno de Ospina.

Las estrategias de Comedores Comunitarios, Centros de Desarrollo Infantil, Gestores de Paz, entre otras, quedaron desfinanciadas o desaparecieron. Otras, como la de Territorios de Inclusión y Oportunidades, Tios, perdieron su foco como generador de oportunidades y se centraron en asistencialismo básico.

Y todo ello, articulado adecuadamente, hoy nos ayudaría mucho a apagar el incendio que se prendió el 28 de abril.

Porque esta ciudad no necesita más violencia, como algunos piden de forma simplista. Lo que requiere con urgencia es que todos los caleños tengan acceso real al disfrute de los derechos más básicos, empezando por comida y empleo. Así de simple.

“En Cali hay física hambre. ¿Sabe cuánta gente dejaría de ir a los puntos de concentración del paro si se le garantiza una comida, una pasada por un médico y una posibilidad de conseguir trabajo?”, me dice alguien conocedor de esa realidad.

Pero hace dos días, en el Concejo, se reveló que hay dependencias de la Alcaldía que, a esta altura del año, no han ejecutado ni un 20% de su presupuesto. Es decir, tienen plata, pero no la usan.

Y aunque hoy las necesidades de miles de caleños están expuestas en las calles, nadie sabe qué se hará con los $650.000 millones de endeudamiento que el Alcalde hizo aprobar justo hace un año.

¿No deberían usarse para atender una crisis de estas dimensiones? ¿Cuál es el plan para Cali?