Una revolución que cojea

Las estadísticas relevantes de la revolución en la educación superior programada por los dos gobiernos anteriores, que son uno solo, pueden resumirse de la siguiente manera: entre los años 2002 y 2009 los estudiantes de educación superior (que incluyen instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias y universidades), aumentaron en un 56% al pasar de 1.000.148 a 1.563.670; pero los estudiantes universitarios sólo aumentaron en un 32%, al pasar de 713.983 a 948.334. Los graduados universitarios también aumentaron un 33%, al pasar de 109.362 a 145.945. Cabe anotar que los estudiantes de instituciones tecnológicas, que incluyen al Sena, aumentaron en 600%, al pasar de 51.266 a 305.556, lo cual indica que la revolución educativa fue una revolución en los estudios tecnológicos de capacitación para trabajos específicos y explica por qué las instituciones públicas de educación superior aparecen con el 55,4% de los estudiantes. En el mismo período los profesores universitarios aumentaron sólo el 2,5%, al pasar de 136.405 a 139.848, en universidades públicas y privadas, de los cuales 81.924, o sea el 58%, tienen contratos de trabajo a término fijo, o sea no tienen estabilidad laboral. Las cifras son del Ministerio de Educación.Así las cosas, durante esos mismos 8 años, las partidas del presupuesto nacional para las universidades públicas se asignaron en estricto cumplimiento de la Ley 30 de 1992, que ordena mantener al menos constantes los presupuestos que las universidades públicas tenían cuando empezó la vigencia de la Ley, en 1993. Es decir, que en lo que respecta a las universidades públicas, la revolución educativa se hizo con la misma plata en valor constante que tenían en 1993, lo cual explica la enorme desproporción entre el crecimiento de la matrícula (32%) y el del número de profesores (2,5%). Igualmente explica el frágil régimen laboral de los docentes, tan perjudicial para la academia, y la drástica reducción del personal administrativo, en todos los niveles. La pregunta que hay que hacerse forzosamente, es si todo ese panorama de expansión sin recursos adicionales terminará afectando la calidad académica.La cruda realidad es que el estreno de la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución de 1991, creó un gran desorden en sobreinversiones, regímenes salariales y pensionales laxos, e ineficiencias administrativas, que obligaron al rescate financiero de las principales universidades públicas. Una vez ajustadas a la realidad legal y financiera, en el último decenio han agotado todos los márgenes que da la eficiencia académica y administrativa para seguir creciendo con la misma plata, protegiendo la calidad académica. Pero todo tiene un límite. Los recursos adicionales para financiar nueva cobertura, que se consiguieron después de grandes marchas públicas y del intenso lobby de los rectores ante el Gobierno y el Congreso el año pasado, y que ofrecieron pagarse religiosamente antes de la terminación del gobierno el 7 de agosto, siguen sin llegar. Y eso que la política central del nuevo Gobierno se ha desplazado del aumento de cobertura a garantizar la calidad. El tío Baltasar dice que al paso que vamos, la única manera de garantizar la calidad va a terminar siendo mantener o reducir el tamaño de las universidades públicas, para que al menos puedan seguir haciendo bien lo que hacen hoy en día, con la misma platica, lo cual lleva a pensar que de no arreglarse las cargas la revolución educativa va a quedar bastante coja.