Subsidio universitario

Dice el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes -quien es un defensor de la libre competencia y abomina, no sin razón, el mecanismo de los subsidios económicos que distorsionan el mercado- que los estudiantes de las universidades públicas deberían devolver, una vez graduados, el costo real de su educación al Estado, para que ese dinero sirva para financiar nuevos estudiantes. El argumento es que el graduado debe devolver con su trabajo el esfuerzo realizado por la sociedad para educarlo. Replica Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, con toda razón, que la gran mayoría de los estudiantes de las universidades públicas tienen ingresos muy bajos, no tienen capacidad de endeudamiento y esa condición los alejaría de la educación superior. A ambos se les escapan los argumentos de fondo. A Hommes, que existe una compleja estructura de subsidios para el sector productivo colombiano y no podría sustentarse que existan subsidios al capital económico, pero que no existan al capital humano. Y a Wasserman que el Estado tiene la obligación de garantizar una educación superior de calidad que sea accesible a todos los ciudadanos, sin importar su estrato económico. Si ha habido un debate importante en Colombia en estos días ha sido el manejo de los subsidios al sector productivo. El escándalo de Agro Ingreso Seguro puso en evidencia millonarios subsidios estatales a empresas prósperas que eventualmente podrían sufrir por la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos - que nunca se produjo- y que se prestaron para toda clase de desviaciones de recursos, lo cual ha sido un tema recurrente en el sector agropecuario. Aún los créditos de fomento se han desviado muchas veces hacia inversiones más rentables. Y en el sector industrial manufacturero ni se diga. Acuerdos de estabilidad fiscal que son compromisos a 20 años de no cobrar nuevos impuestos, zonas francas a lo largo y ancho del territorio con exenciones fiscales, exenciones específicas a sectores con acceso a los altos funcionarios que crearon una red de privilegios fiscales, en fin, toda una estructura de subsidios que buscaban facilitar la generación de empleo. Y en ese contexto, ¿cuál es la lógica económica y social de que no haya subsidios para la educación superior pública, que forma capital humano, no sólo para suplir los empleos sino para que éstos sean productivos, de calidad y en las áreas donde la sociedad lo necesita?De otro lado, la obligación estatal de garantizar una educación pública de calidad está consagrada en la Constitución. La educación superior, que es enormemente costosa, no puede ser un privilegio para quien pueda pagarla, como sucede con las universidades privadas de calidad. No hay factor más grande de equidad social que el que se crea dando acceso a la educación superior a todos los ciudadanos, sobre la base de los méritos académicos que tenga para acceder a ella, no su capacidad de pago. El subsidio de las universidades públicas a sus estudiantes de bajos ingresos, que son más del 90%, es enorme, pero sus recursos son enormemente insuficientes. No se trata de reciclar recursos sino de aumentarlos, si es cierto que la educación está a la cabeza de la agenda estatal. El tío Baltasar dice que estaría de acuerdo en que los estudiantes de las universidades públicas devuelvan al Estado, con el producto de su trabajo, el costo de su educación, el día que los empresarios devuelvan, con las utilidades que les generaron, el costo de sus subsidios.