Sobre el terreno

La aplicación sobre el terreno de lo acordado en La Habana entre el Gobierno y las Farc se enfrenta a una dificultad casi invencible: lo que se firmó es básicamente un procedimiento de concentración, desarme e incorporación a la vida civil con derechos políticos, lo cual se está cumpliendo, con algunas dificultades logísticas. La sola concentración de las Farc en zonas especiales y su desarme en un logro descomunal luego de tantos años de guerra, asombrosamente desestimado por la opinión pública urbana que no la ha padecido en carne propia. De otro lado, el montaje jurídico de la Justicia Especial para la Paz, JEP, ya fue aprobado legalmente.

Pero el propio gobierno ha presentado el acuerdo de paz como la solución al más urgente problema nacional y la fundación sobre él, de un nuevo país más equitativo. Y resulta que una vez firmada la paz, las causas objetivas que produjeron la guerra y los factores que la alimentaron continúan tan vigentes como antes. Las Farc técnicamente ya no existen pero las economías ilegales que prosperaron a su lado o con su amparo, están intactas.

La explicación obvia es que las Farc no tenían el monopolio de los mercados del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, puesto que son muchas las bandas criminales que los manejan. Y sabido es que cuando uno de los actores de un mercado de demanda desaparece, es reemplazado por otro. Pero las comunidades donde operaban las Farc, aliviadas por su retiro, continúan sometidas a las mismas condiciones de inseguridad y precariedad de sus mercados, obligadas por la necesidad al cultivo de la coca y en manos de los controladores de esos mercados. La guerra por cuenta de las Farc se acabó pero la economía siguió igual. Y esa brutal realidad es leída erróneamente como un efecto colateral del Proceso de Paz.

El Departamento del Cauca es el teatro vivo de esa contradicción que se repite en las demás zonas del país con economías marginales, rurales, sin mayor industrialización, con bajísimos ingresos campesinos y urbanos. Académicos y sindicalistas han ido a conversar y jugar fútbol con los antiguos guerrilleros y hablan de la importancia de la vida social pacífica que empieza a desarrollarse en las concentraciones de las Farc. Pero la economía caucana está más dependiente que nunca de los cultivos ilegales, no por culpa de la falta de fumigación aérea, sino porque no hay para el campesino otro cultivo más rentable ni más fácil de comercializar. La presión de las comunidades indígenas sobre la tierra permanece porque tiene causas diferentes a las del Proceso de Paz y ha habido un traspaso de fuerzas disidentes de las Farc al ELN, lo cual hace que tampoco se pueda respirar con tranquilidad en materia de orden público.

Es decir, el Acuerdo de Paz y sus desarrollos iniciales han sido un primer e importante paso para lograr el nuevo país de la equidad, pero incide sólo sobre una parte de la compleja realidad rural colombiana. El carácter desmesurado que adquirió en la agenda política y las grandes expectativas que se crearon a su alrededor, por cuenta del gobierno, son en parte responsables de la feroz crítica que se hace a su falta de resultados, cuando era sabido que se iba a tardar más de un decenio en obtenerlos. El tío Baltasar, de regreso a sus querencias de Popayán, dice que la cuenta de esa desmesura se va a pagar en las próximas elecciones.