Premuras

Crean mucha confusión las versiones encontradas del Gobierno entre la inminencia del acuerdo final de paz y todo lo que falta para concluirlo. A nadie se escapa que faltan asuntos de gran calado por resolver: la amnistía para el grueso de las tropas, el tamaño de la representación parlamentaria no electa de los guerrilleros desmovilizados y su duración, la conformación del tribunal que debe juzgar a las personas que se sometan a la justicia transicional y quienes deben elegirlos, los detalles engorrosos de las concentraciones y el desarme. En fin, una serie de temas que harían pensar que los anuncios sobre la cercanía del acuerdo final no se corresponden con la realidad de la negociación, que ha avanzado a través de los años con pasos pequeños, seguros y muy lentos.Lo cual no significa que no se vaya a lograr el acuerdo, que el cuidado con el que se ha negociado y las personas que han participado en él de parte del Gobierno no sean una garantía de seriedad, y que sería un gran logro para la sociedad colombiana que las Farc desaparecieran como movimiento armado y se convirtieran en un movimiento político. Lo último lo más importante porque le quita el carácter de rebelión política a buena parte de la economía ilegal con la cual esa rebelión se financia y saca ese accionar del mundo de la justicia social para convertirlo en materia del Código Penal. O sea, se despolitiza la ilegalidad que ha sido la patente de corso de la guerrilla para actuar en las regiones que el Estado ha dejado a su merced.El largo período de negociaciones ha desvanecido el hecho de que las Farc al sentarse a esa mesa y aceptar el marco de legalidad existente están renunciando a su principal ideal revolucionario que era llegar al poder por la lucha armada, y aceptan competir en las muy turbias y malolientes aguas del mundo electoral colombiano en donde están condenadas a ser una minoría. Si eso no es una derrota, quien sabe con qué otro nombre podría llamársele. Todo el esquema de negociación faltante: las zonas de concentración, el desarme, los juicios penales, no son otra cosa que la protocolización de una derrota militar, de ahí que se haya tardado tanto en concretarse.La premura gubernamental para convocar al plebiscito aun antes de la firma del acuerdo final y la agobiante publicidad oficial, crean toda clase de inquietudes en la ciudadanía porque tienen el inevitable aspecto de que se va a firmar un cheque en blanco, cuando en realidad el grueso de las cuentas ya están acordadas. El Gobierno que ha sido tan paciente y ha afrontado con decisión y valor político tantos escollos debería guardar esa misma compostura hasta el final. Lo contrario es darle a la oposición política todas las armas para presentar el apoyo al proceso de paz como un salto al vacío, basado sólo en un voto de confianza, en un país de desconfiados.Sabio ha sido ir creando los instrumentos institucionales para aterrizar jurídicamente el acuerdo de paz, una misión que el Congreso y la Corte Constitucional han asumido con responsabilidad, incluyendo el plebiscito. Pero este no se puede echar a andar sino con posterioridad a la existencia cierta del acuerdo final. El tío Baltasar recuerda que el plebiscito que creó el Frente Nacional en 1958, fue un episodio excepcional en el cual todo el mundo sabía lo que votaba, y añade que el éxito del que se avecina consiste en que suceda lo mismo.