¿Neutrales?

La neutralidad está reservada a las personas entrenadas para garantizar el respeto por las reglas de juego acordadas. Vale para los árbitros de fútbol pero también para quienes aplican justicia, para los terceros a quienes se encomienda zanjar una disputa y para quienes tienen la obligación de garantizar los derechos ciudadanos que son iguales para todos. Pero hasta allí llega porque la vida humana y social no es neutra sino una interminable sucesión de compromisos grandes y pequeños, que terminan por definir a las personas y a las sociedades.La Iglesia Católica colombiana por ejemplo no puede ser neutral ante el proceso de paz con el pretexto de que hay fieles que lo apoyan y otros que lo rechazan porque la esencia del mensaje cristiano es la paz y la reconciliación. No le corresponde entrar en el debate de si las condiciones establecidas para abrir una posibilidad de paz en la sociedad colombiana son adecuadas o no, pero el compromiso de su ética con la paz debería superar cualquier reparo, que es asunto del debate político. Oír a los obispos decir que debe hacerse pedagogía sobre el proceso de paz y que corresponde a cada quien votar en conciencia, es eludir una responsabilidad histórica que podría haber enmendado muchos errores eclesiásticos del pasado cuando la Iglesia estuvo mezclada en política partidista, para mal. Su posición éticamente correcta, acorde con las enseñanzas de Cristo, debió haber sido apoyar el proceso e invitar a los fieles a analizarlo con respeto por quienes no estén de acuerdo.Lo mismo sucede con el Gobierno Nacional. Un gobierno no puede ser neutral respecto de sus propias políticas públicas. Su responsabilidad es sacarlas adelante, explicar sus ventajas, establecer sus riesgos, sus tiempos de aplicación, las dificultades de su desarrollo. Pero defenderlas a capa y espada porque son su compromiso con la ciudadanía y porque el gobierno es para gobernar, es decir para establecer una agenda pública y aplicarla. En la democracia corresponde a la oposición establecer los reparos a lo que se proponga, es su obligación. Pero no se puede pedir, esta vez desde la ética social, que el gobierno sea neutral frente a sus propias políticas. Cuando el Presidente de la República involucra a toda la administración pública en crear ambiente para el voto por el sí en el proceso de paz, está ejerciendo un derecho legítimo, puesto que no se trata de una elección popular sino de la consulta sobre una decisión propia.Cosa muy distinta es que el resultado de esa votación tenga efectos electorales. Como los va a tener. Puede sepultar políticamente a quienes apoyan el no, si el sí triunfa por inmensa mayoría. O al revés, lo cual no parece probable. Pero eso es lo que podríamos llamar un efecto secundario, que no es comparable con lo que significa históricamente que una sociedad dividida y violenta trace una ruta de reconciliación nacional y se comprometa con ella. Como bien lo perciben los opositores, su trabajo es tarea de romanos, por aquello de que más vale un mal arreglo que un buen pleito, para ponerlo en el lenguaje de los árbitros. Pero están en su derecho de glosar muchos de los términos de ese acuerdo que está lleno de incertidumbres, como la vida y como el futuro. Les corresponderá hacer la auditoria y fiscalización de lo acordado cuando triunfe, como va a suceder. Tarea que será bienvenida. Y éticamente correcta.