Misión imposible

Abril 11, 2015 - 12:00 a.m. Por: Óscar López Pulecio

Quienes hablan de la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, grupos políticos minoritarios como el Centro Democrático y el Polo Democrático, o grupos al margen de la ley como las Farc y el ELN, parecen desconocer que el elemento esencial para la convocatoria de una Constituyente es que ésta sea autorizada por una mayoría de votos descomunal. En efecto, el artículo 376 de la Constitución establece que “Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral”. Como hoy el censo electoral (ciudadanos mayores de edad, con cédula de ciudadanía registrada, que no hayan perdido sus derechos políticos ni pertenezcan a las fuerzas armadas) es alrededor de 33 millones, más de 11 millones de personas tendrían que aprobarla.Dado que la convocatoria no puede coincidir con otra elección, el elector deberá ser motivado por las ideas que impulsen los grupos políticos: una motivación en abstracto que difícilmente arrastrará multitudes a las urnas. Esa cifra no la han alcanzado nunca ni siquiera los grandes dirigentes: en el 2002 el Presidente fue elegido por 5,8 millones de votos sobre un total de 11,2 millones; en el 2006 con 7,3 millones sobre un total de 12; en el 2010 por 9 millones sobre 13, y en el 2014 por 7,8 millones sobre 15. Es decir, la Constituyente tendría que contar con el apoyo de todos los grandes partidos y aun así correría gran riesgo de no ser autorizada.La Constitución de 1991 nació de un golpe de opinión, sin mayor sustento legal. La séptima papeleta, depositada en la elección parlamentaria de marzo de 1990, contabilizada por decreto presidencial, sólo obtuvo un poco más de dos millones de votos y sobre esa base la Corte Suprema de Justicia autorizó la convocatoria, que se hizo en las elecciones presidenciales de mayo de 1990, cuando fue elegido César Gaviria con 2,9 millones de votos. La convocatoria fue aprobada por el 86% de los votantes y como consecuencia la elección de la Asamblea se realizó el 9 de diciembre de 1990, cuando hubo 3,7 millones de votos, con una abstención electoral de 74%. Los 70 constituyentes procedieron de inmediato a establecer un procedimiento de reforma constitucional que volviera ese asunto tan riesgoso una misión imposible: prohibieron que la convocatoria coincidiera con otra elección y establecieron un altísimo umbral electoral, casi insuperable. Así que hoy por hoy, cuando existe una notoria polarización política, es una labor de Romanos convocar una Asamblea Constituyente en los términos de la Constitución. Por ello resulta absurdo que sean los grupos minoritarios o ilegales los que la propongan, y menos aún que sea una consecuencia de los acuerdos de La Habana, que combatirá la oposición cualesquiera que sean. El tío Baltasar dice que en el mediano plazo habrá que hacer una Constituyente, cuando todas las fuerzas políticas entiendan que las instituciones colombianas están por completo descuadernadas, no resisten más reformas cosméticas y decidan modernizarlas de verdad. Pero que por lo pronto hay que salir del tema de los acuerdos de paz, que son un asunto completamente distinto. Recuerda una frase atribuida a Napoleón quien decía que las Constituciones deberían ser cortas, vagas y difíciles de reformar, dándole al gobernante espacio para actuar según las circunstancias, sin atarlo a una camisa de fuerza.

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