Más allá del límite

Más allá del límite

Marzo 21, 2015 - 12:00 a.m. Por: Óscar López Pulecio

La democracia no es tanto el gobierno de las mayorías, como el de los controles al ejercicio del poder, que es lo que garantiza los derechos de todos los ciudadanos por igual, hagan o no parte de esas mayorías. Por ello todos los funcionarios tienen tareas precisas y límites en el ejercicio de sus cargos, las de los más altos funcionarios fijadas por la Constitución misma. El Título X de la Constitución, que se refiere a los Organismos de Control, en su artículo 278, enumera las funciones directas del Procurador General de la Nación todas ellas claras y precisas, y el artículo 277 establece otras funciones, algunas de ellas generales, que podrían interpretarse de una manera amplia: vigilar el cumplimiento de las leyes, proteger los derechos humanos y defender los intereses de la sociedad.Esas disposiciones generales son las que le han dado pie al señor Procurador General de la Nación, para creer que es un par del Presidente de la República en el establecimiento de las políticas públicas y su contraparte legal en el proceso de negociación que se adelanta en La Habana sobre un acuerdo de paz con las Farc. El Presidente ejerce el poder ejecutivo, es decir la toma de decisiones. El Procurador ejerce un poder de control de esas decisiones. No puede entonces pretender controlarlas antes de que se hayan tomado. O interferir en un proceso que legalmente es privativo del poder ejecutivo en temas que no se han acordado todavía, bajo la presunción de que en ellos se va a violar alguna norma. Y mucho menos, acudir a la competencia de la Corte Penal Internacional, sin demostrar primero que se han agotado todas las instancias nacionales para el castigo de crímenes contra los derechos humanos.Haciendo todo eso el Procurador ha desbordado los límites de sus funciones y tienen razón las voces que se lo recuerdan. Para resumirlo, el Procurador es un funcionario cuya órbita es la vigilancia en el cumplimiento de la ley no la intervención en decisiones políticas. Para eso están los políticos. El senador Álvaro Uribe ha ejercido una oposición implacable, intensa, agobiante, sobre el proceso de paz. Es un político reconocido que ejerce su trabajo legítimo a ultranza. Se puede estar o no de acuerdo con él, pero está ejerciendo su derecho a representar a las muchas personas que comparten sus ideas y lo llevaron a él y a su grupo a que las defendieran en el Congreso. ¿Pero está el procurador defendiendo los intereses de la sociedad, como se lo ordena la Constitución, cuando desempeña ese mismo papel? Muy probablemente no, puesto que la mayoría de los ciudadanos considera que debe haber un proceso de negociación para lograr la paz, y en ese proceso las condiciones de aplicación de la justicia transicional, que incluye penas alternativas, y la participación en política de los rebeldes, para incorporar las cuales a la legislación el Congreso está facultado por la Constitución, no se han acordado todavía. Es decir, a la fecha no hay ningún acuerdo que lleve eventualmente a la expedición de una ley violatoria de la Constitución que amerite la intervención de la Procuraduría. El tío Baltasar asoma sus narices para decir que la función de advertencia en política corresponde a la oposición, no a los funcionarios de control, y que a él el señor Procurador General de la Nación le parece un funcionario que está haciendo política, tenga o no razón en sus argumentos.

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