Los villanos

Los pensionados, con pensiones decentes, son los villanos de moda en Colombia. Es como si hubiera existido una conspiración de los gobiernos para fijar unas políticas públicas sobre pensiones que concentran escasos recursos oficiales en unos pocos privilegiados mientras el grueso de los colombianos se enfrenta a una vejez desprotegida.

La realidad es que la estructura pensional es un reflejo de la estructura laboral, como debe ser. Es decir, quienes tuvieron salarios más altos en su vida laboral y cotizaron sobre ellos, tendrán pensiones más altas en su retiro. Y como no es el caso de la mayoría de los pensionados, hay una enorme base de pensiones mínimas y un reducido número de pensiones altas, que tienen un tope legal. No es un reparto equitativo porque nace de aportes individuales propios, pero no es un reparto injusto porque nace de un derecho adquirido.

Las personas que pertenecen al régimen de prima media pueden escoger entre el promedio salarial de los últimos diez años o el promedio de su vida laboral. Una vez obtenido el derecho, edad y semanas cotizadas, el monto de la pensión será un porcentaje del promedio más alto, dependiendo de las semanas cotizadas. Lo normal es que las personas pertenezcan al sector informal, y por tanto coticen sumas irrisorias de modo independiente o no coticen, o pertenezcan al sector formal pero entren y salgan de diferentes empleos de bajos salarios en diferentes empresas, o hayan perdido sus empleos con altos salarios cuando se acerca la edad de retiro sin poder adquirir uno del mismo nivel.

Como resultado la inmensa mayoría de las pensiones en Colombia no superan los tres millones de pesos mensuales.

Hay que descartar por supuesto los casos aberrantes que representan un alto costo fiscal ese si inequitativo e injusto: quienes obtuvieron su pensión a cualquier edad luego de 20 años de trabajo, quienes tienen el derecho a que se les liquide por el último año de trabajo, quienes no tuvieron topes legales, y lo más escandaloso, quienes la obtuvieron sin haber cotizado el periodo legal. Esos son casos que violan el principio público de equidad e implican un alto subsidio estatal.

Pero como el Estado garantiza el pago de las pensiones bien habidas, con sumas fijas que se reajustan anualmente para mantener su poder adquisitivo, termina subsidiando a todos los pensionados porque si sus aportes estuvieran rentando en el mercado financiero, como sucede con los fondos privados, no producirían el dinero necesario para pagarlas, por lo cual entre más alta la pensión más alto el subsidio. Es una consecuencia indeseable del sistema, con el agravante de que los fondos no salen de los aportes de los nuevos cotizantes sino del presupuesto nacional.

Algo debe hacerse en el futuro para disminuir esos subsidios: aumentar la edad de retiro o las cotizaciones, disminuir el porcentaje de la pensión, reorientar los subsidios a las pensiones más bajas, respetando los derechos adquiridos. Ideas hay. Pero quienes reciben legalmente pensiones superiores a los 4 salarios mínimos, esos potentados, fueron el obstáculo para que el Gobierno objetara la ley que reducía del 12% al 4% los aportes que hoy pagan todos los jubilados, y esas mismas personas comenzarán a pagar impuestos sobre sus pensiones para el año fiscal de 2017 según lo ordena la Reforma Tributaria. Unos villanos merecidamente castigados.