La salida

Entre las muchas propuestas de reformas al acuerdo de paz con las Farc, nacidas de su derrota en el plebiscito, sobresalen dos muy razonables: la primera, que los mecanismos propuestos de justicia transicional se integren de alguna manera a los ya existentes para la administración de justicia, creando salas especiales en los altos tribunales que se encarguen de esa tarea. La creación de una estructura judicial paralela en todas las instancias tenía muchas dificultades. La segunda, la aclaración de un asunto elemental, que los dirigentes condenados por crímenes de guerra no puedan participar en política hasta cuando terminen de pagar sus condenas. Si los juzgan como reos ausentes y las pagan fuera de Colombia, en Cuba por ejemplo, santo y bueno. En un principio las Farc participarían en política con sus nuevos cuadros no comprometidos en atrocidades.El ajuste de esos dos aspectos, junto con la renuncia a que el conjunto del acuerdo se incorpore a la Constitución, que carece de sentido, tranquilizaría a la opinión pública y dejaría intacta su columna vertebral que es la existencia de la justicia transicional y la participación en política. Todo lo demás, la ley de amnistía para el grueso de las tropas y su reintegración, la restitución y formalización de tierras, la erradicación de cultivos ilícitos, la reforma rural integral, la financiación de la política, las curules en el Congreso, debería quedarse tal como está, con las aclaraciones necesarias, porque fue juiciosamente negociado por años, permite aclimatar la paz pública y no representa ningún peligro para la estabilidad institucional.¿Y si esos dos ajustes más las aclaraciones se logran pronto y son aceptadas por las Farc, cómo ejecutar el acuerdo total? El fallo de la Corte Constitucional sobre el plebiscito dice: “La decisión negativa del electorado inhibirá dicha implementación del Acuerdo Final, aunque sin perjuicio de la vigencia de las facultades que la Constitución confiere al Gobierno para mantener el orden público, entre ellas la suscripción de acuerdos de paz con grupos armados ilegales y en el marco de la salida negociada al conflicto armado”. Es decir el acuerdo tal como está hoy no se puede ejecutar ni se puede utilizar el propuesto mecanismo legislativo abreviado. Pero al aclararlo y modificarlo se convierte en un nuevo acuerdo, que el Presidente podría llevar al Congreso para que este apruebe cada uno de sus aspectos por los mecanismos ordinarios. Un poco más demorado pero más seguro que el riesgo de un nuevo plebiscito, que de paso daría peligrosa vigencia a lo que una vez el Uribismo llamó el Estado de Opinión, para saltarse al Congreso.Dos fuerzas que apoyaron el No, tienen representación en el Congreso, el Centro Democrático, más o menos irreductible, y la llamada Bancada de Dios, de las Iglesias Cristianas, preocupadas por la ideología de género. El resto no la tienen pero ya fueron escuchadas por el Gobierno. Así que sólo queda la salida de llevar esos dos temas modificados junto con las aclaraciones a los demás, de modo separado al Congreso, como se iba a hacer si hubiera ganado el Sí y someterlos a los debates parlamentarios, Uribe y Dios incluidos. Las leyes ordinarias, estatutarias u orgánicas pueden someterse a mensajes de urgencia y lo que requiera reformas constitucionales a su trámite normal, que es lo sano democráticamente. Y ya.