La paz como política

Mayo 21, 2016 - 12:00 a.m. Por: Óscar López Pulecio

El proceso de paz es en el fondo la búsqueda de la solución a un problema político: lograr la incorporación a la sociedad civil de un grupo de personas que han luchado militarmente contra ella por considerarla poco incluyente, poco democrática, poco equitativa. Por definición debería ser un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad colombiana con quienes quisieron destruirla. Pero se ha vuelto un asunto de política partidista sobre el cual el mundo político busca obtener para si los mejores réditos posibles. En ese escenario las Farc son sólo un testigo ¿divertido, conmovido, desconcertado?, de una pelea sin cuartel entre la clase dirigente, que quizás les sirva de argumento para pensar que ese mundo, en apariencia democrático, pero saturado de privilegios, de legalismo y de corrupción, de verdad hubiera necesitado un cambio más radical que el que ahora se negocia.El Gobierno, embarcado con todas sus naves en el propósito de lograr un acuerdo de paz con las Farc, que dé inicio a un proceso civil de reconciliación entre los colombianos y permita ejecutar una serie de reformas institucionales, ha buscado con imaginación toda clase de mecanismos legales para hacer posible el éxito de esa iniciativa. Sólo para que a cada paso se atraviesen los defensores del statu quo de siempre, a decir que no se puede, que hay un inciso o una norma o un tratado que lo prohíbe, que estamos condenados a la guerra porque la paz tiene unas condiciones imposibles de cumplir legalmente.Habría que recordar un tema elemental que nos devuelve a los orígenes del derecho. El contenido del derecho es el que la sociedad quiere que sea. Las normas son solo un andamiaje jurídico cuyo contenido lo determina en últimas la sociedad. Si la sociedad colombiana vota que quiere la paz en los términos que se han acordado en La Habana, pues esa es la ley de la tierra y no hay poder que pueda impedirlo. Convertir el proceso en un tire y afloje sobre las candidaturas presidenciales del 2018 es cosa de locos.Las iniciativas del Gobierno para convertir el acuerdo en la ley de la tierra, de nuestra tierra, tienen la fuerza de la lógica política y jurídica: el acuerdo, que ha consultado las normas internacionales y vincula a la comunidad internacional, se hará conocer de los ciudadanos para que voten sí o no; se han reglamentado legalmente las condiciones de ese plebiscito, que es más bien una consulta con resultados vinculantes; si es aprobada se llevará al Congreso para su trámite como reforma constitucional y se someterá al control de la Corte Constitucional. ¿Qué más quieren los opositores? La decisión política de aprobar los acuerdos en una ratificación popular confirmada por el Legislativo, le da toda la legitimidad y anula el debate jurídico sobre su legalidad. Porque el pueblo es soberano.El tío Baltasar dice que ese debate estrambótico le recuerda el que se suscitó con la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1990, sin el menor asomo de legalidad, de la cual surgió la Constitución de 1991, que hoy nadie cuestiona. Un acto tan audaz que para asegurarse de que no volviera a pasar los Constituyentes crearon parte del galimatías jurídico que hoy nadie entiende. Y añade el tío, que entonces como ahora, si el pueblo acepta el acuerdo de La Habana, el Congreso lo aprueba y la Corte Constitucional lo avala, pues esa es la ley y ya.

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