¿Indefinida?

Enero 15, 2011 - 12:00 a.m. Por: Óscar López Pulecio

Los bandazos jurídicos con que se ha manejado la sucesión en la Gobernación del Valle del Cauca, la han colocado en una situación indefinida. No parece que en este caso polémico se hayan aplicado a cabalidad las normas vigentes sobre la materia, así no gusten y así estén llenas de falencias, olvidando que el respeto a las normas electorales es no sólo la esencia de la democracia sino de la paz pública. Primero, el gobierno anterior, en su último día, designó un gobernador sin consultar al movimiento político que inscribió al gobernador destituido, como lo manda la Ley, aceptando implícitamente que no había necesidad de convocar elecciones, puesto que el gobernador destituido había ejercido el poder, gracias a una tutela, más allá del plazo de 18 meses para terminar su período.Luego, el nuevo Gobierno aceptó la tesis contraria, es decir que era necesario convocar elecciones, para lo cual expidió el Decreto 3665 de 28 de septiembre de 2010, convocándolas para el 23 de enero de 2011. Ello significaba que acataba el criterio jurídico de que la fecha de la destitución era la de la sanción de la Procuraduría y que una vez negada la tutela en segunda instancia entraba en vigor la sanción original, como lo sabe cualquier estudiante de derecho. Aunque la convocatoria era jurídicamente correcta, era un absurdo político, que además contaba con amplio rechazo ciudadano. El Gobierno con la ley en la mano no sólo desafió a la opinión pública departamental, sino que giró parte de los recursos para iniciar el proceso electoral, que movió al mundo político a regañadientes. Y comenzó la campaña.Y con la campaña el invierno, que ha sido pavoroso y ha suscitado la solidaridad nacional con las víctimas. Es cuando se produce el Decreto 4740 del 23 de diciembre de 2010, aplazando las elecciones, cuya motivación vale la pena analizar. Primero, en ninguna parte dice que esa decisión se toma porque existe la prioridad social de atender a las víctimas del invierno, ni que el aplazamiento es de manera indefinida, palabra que han usado los medios pero que no figura en el texto. Muy por el contrario, dice que no están dadas las condiciones para realizar la elección, certificadas por las oficinas de prevención de desastres del Departamento y del Ministerio de Interior, lo cual hace presumir que se convocarán cuando esas condiciones se den. Segundo, la única motivación jurídica del decreto es la imposibilidad de que “muchos ciudadanos acudan a ejercer su derecho al sufragio”. Es decir un problema de movilidad, que lleva a tomar una precaución en la cual “el Gobierno aplaza la fecha para garantizar el derecho constitucional a elegir y ser elegido”. Y el día que salió el decreto salió también el sol.El decreto habla de 20.341 familias afectadas en el Valle del Cauca, 95.555 personas. Si estimamos que 20.000 de ellas hacen parte del censo electoral departamental, que es de más de tres millones de ciudadanos, las elecciones se aplazaron para garantizar el derecho electoral al 0,6 % de los electores. Eso refleja el hecho evidente de que en ninguno de los centros urbanos, el grueso de los habitantes ha tenido problemas de movilidad, ni antes, ni ahora. ¿Entonces, se pregunta el tío Baltasar, habrá elecciones vía de tutela? ¿Se certificará que los damnificados del invierno ya pueden movilizarse para ejercer su derecho al sufragio? ¿Se esperará a que se recuperen los caminos veredales? Y añade el tío, que eso sí es una situación indefinida. Y poco seria.

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