El tsunami

Agosto 06, 2011 - 12:00 a.m. Por: Óscar López Pulecio

En teoría, la eventual aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC, no afecta la educación superior pública, porque esté sector no hace parte de la negociación. Y en teoría, tampoco afecta la educación superior privada, por la reserva que se hizo sobre ella, dado que en Colombia es una actividad sin ánimo de lucro según lo dispone la Ley 30 de 1992. Así está firmado el TLC, pendiente de aprobación, un día de estos, por el Congreso Norteamericano. De otro lado, en teoría, la eventual aprobación de la ley que reforma la educación superior, que debatirá el Congreso de Colombia en esta legislatura, no afecta la educación superior pública porque mantiene su carácter de bien público, su autonomía y le entrega recursos adicionales. Y en teoría, según el discurso gubernamental, crea una sana competencia y amplía la cobertura de las actuales Instituciones de Educación Superior, IES, sin ánimo de lucro, al autorizar la creación de IES privadas con ánimo de lucro. Pero del mundo impecable de la teoría a la cruda práctica hay un abismo.En la realidad todo el sector de la educación superior se sometería a un Tsunami de vastas proporciones. Lo primero que habría que decir es que nadie entiende que los negociadores del TLC se hubieran empeñado, con el visto bueno del gobierno de entonces, en mantener en un tratado internacional la reserva del carácter de la educación superior privada sin ánimo de lucro, para que el actual gobierno, levante esa reserva en la legislación interna. Lo segundo es que no se trata sólo de Estados Unidos, porque la aplicación de la norma de la nación más favorecida, establecida por la Organización Mundial de Comercio, OMC, de la cual Colombia es signataria, permitiría que cualquier otro país miembro pudiera ofrecer sus programas de educación superior en Colombia en las mismas condiciones legales de Estados Unidos. Así que lo que habría en Colombia no es una sana competencia sino una lucha sin cuartel entre IES sin ánimo de lucro y empresas comerciales educativas de toda índole y de toda procedencia.Y una de las consecuencias de esa lucha por el mercado educativo, que mueve montañas de dinero, sería el desmantelamiento de los profesores de las universidades públicas, de altas calificaciones académicas, que son su verdadero patrimonio, arduamente acumulado, formado a costo del erario, que seguramente van a ser tentados con jugosas ofertas por la IES comerciales que vendrían. Y dadas las condiciones de remuneración que se establezcan, lo mismo podría suceder con los buenos profesores de las universidades privadas de calidad. Así que un intento de ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad de la educación superior en Colombia, que podría estar bien intencionado sino fuera tan obvio el sometimiento de la legislación nacional a las presiones comerciales externas, terminaría poniendo en peligro el bien público de la educación superior, que no son los edificios universitarios sino el saber acumulado por los profesores y las comunidades científicas. Nadie sabe lo que pasará. Lo que sí es cierto, es que la eventual aprobación del proyecto de ley sobre educación superior como está escrito, obligaría de inmediato a una reforma del régimen salarial de los profesores de las universidades públicas, reglamentado en el Decreto 1279 de 2002, que si hoy tiene, por sus bajos salarios de enganche y sus sistemas de ascenso, a las universidades públicas con dificultades para contratar docentes de calidad, ¿qué será cuando el tsunami llegue?

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