El Cauca pequeño

Julio 28, 2012 - 12:00 a.m. Por: Óscar López Pulecio

El problema del Cauca no son los indios, es meterse con ellos; no es la presión sobre la tierra, es lo que se está haciendo con ella; no son los cultivos de coca, es el hecho de que se hayan vuelto una actividad comercial rentable; no es la falta de orden público, sino el costo de imponerlo por el Estado. Tantos analistas, tan poca objetividad, tanto político pescando en río revuelto, tan poco conocimiento directo de la región y, sin embargo, en el fondo la construcción de un escenario en el cual todos están de acuerdo: el combate final del conflicto armado colombiano. Las comunidades indígenas caucanas, que crecieron más allá de la capacidad de sus resguardos para mantenerlas han protagonizado, gracias a su organización política, quizás el más exitoso proceso de reforma agraria en Colombia. Por razones que van desde la justicia histórica a los derechos ancestrales pasando por las acciones de hecho, los indios caucanos han recibido miles de hectáreas y hoy por hoy, el problema más notorio no son las invasiones como hace algunos años sino la defensa de esas tierras tan duramente adquiridas para la vida pacífica, convertidas en espacios de guerra; los cultivos ancestrales y domésticos de coca, convertidos en parte de un entable de comercio internacional; los caminos perdidos en la niebla de la cordillera convertidos en canales estratégicos de exportaciones ilícitas; el vacío de poder del Estado ocupado por la guerrilla, que dicta los términos del orden público. Y todo ese cuadro de deterioro institucional no puede solucionarse sino con la presencia del Estado que recupere para las comunidades indígenas y de su mano, los derechos que les están siendo violados. La esencia de la política indígena en el Cauca ha sido la entrega a los indios de las tierras que necesitan para su crecimiento y desarrollo. Ha habido allí un proceso de expropiación y legalización de invasiones sin antecedentes en Colombia, no sin personas perjudicadas en sus derechos legítimos. Fue el precio que se pagó para solucionar un problema social de enorme magnitud que pudo haber desencadenado en su momento una revolución agraria violenta. Problemas similares no lejos de allí gestaron el largo conflicto guerrillero colombiano en el cual la participación indígena ha sido marginal, precisamente por el tratamiento que se le ha dado a sus problemas. Así que el adversario del Estado no son los indios, ni el de los indios el Estado. El enemigo común es la guerrilla alimentada por el tráfico de drogas ilícitas, que no respeta las tradiciones culturales que hacen de esos lugares sitios sagrados. Sólo en ese contexto se puede entender que el deseo de los indios de vivir en paz los lleve a la errada conclusión de que las armas deben desaparecer de sus territorios y dejar solo su justicia, el rejo y el cepo, cuando es la fuerza del Estado, sus armas y sus instituciones, la única garantía efectiva que tienen para que se respeten sus derechos. El asunto tiene una dimensión comercial importante: la coca es el principal cultivo de la región. ¿Qué tal que esa cosecha la comprara el Estado? Una dimensión social: la presencia estatal. ¿Qué tal que al proceso de redistribución de la tierras se añadiera un audaz impulso a la inversión social. Y una dimensión militar: la confrontación con la guerrilla. ¿Qué tal que esa ofensiva tuviera éxito? El tío Baltasar, caucano viejo, invadido y expropiado de su patrimonio rural hace décadas, dice entre resignado y esperanzado, que quizás entonces el Cauca volvería a ser Grande.

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