Divorcios

La convocatoria a elecciones atípicas de Gobernador del Valle es un caso de divorcio total entre el país formal y el país político; y entre el mundo político y la ciudadanía. El país formal ordena, con la legislación existente cuando los períodos de alcaldes y gobernadores eran de tres años, que si se produce la falta absoluta del funcionario 18 meses antes de la terminación de su período se llame a elecciones. Esa norma debería haberse cambiado hace tiempos para extender ese período a 24 meses. En caso contrario, la ley dispone que el gobierno podrá nombrar al funcionario de una terna presentada por el movimiento que eligió a quien va a reemplazar. Sólo que esa norma no hace excepciones que debería haber hecho, porque una cosa es que el funcionario falte porque ha muerto, está incapacitado o ha renunciado, y otra muy distinta cuando ha sido destituido o arrestado, casos en los cuales el movimiento no debería tener la opción de proponer a su sucesor, como una sanción política a su conducta.Pero la ley es la ley, y el plazo para convocar elecciones es hoy de 18 meses antes de la vacancia, o en su defecto la selección de una terna, sin excepciones. Sólo que como es una ley inadecuada, no se cumple. El caso de la Gobernación del Valle clama al cielo, porque independientemente de las personas involucradas, no se ha cumplido la ley, o se ha cumplido a medias o con reticencias. Cuando se debería haber escogido una terna no se escogió, cuando se debería haber convocado a elecciones no se hizo, y cuando se hace, se escoge una fecha tardía, que es un despropósito por su costo, las limitaciones legales del nuevo gobernador y el tiempo de ejercicio de su mandato. Se convoca a elecciones más para sacar a un gobernador de su cargo, que para nombrar uno nuevo, y conjurar así las presiones políticas que produjo su nombramiento inconsulto con el grupo político del gobernador destituido. Lo que buscan esas elecciones es dar la garantía a las mayorías políticas de que haya imparcialidad en el proceso electoral de octubre de 2011, cuando se elegirá un gobernador por cuatro años, porque esos mismos grupos políticos consideran que el gobernador en ejercicio, un hombre honesto que viene del mundo empresarial, representa en realidad a un grupo político minoritario, y no ofrece esa garantía. Y es allí donde viene el divorcio entre la clase política y la ciudadanía, porque lo que se configura en todo ese proceso es la primacía de los intereses políticos sobre los ciudadanos. La ciudadanía considera que los gobernantes deben estar al servicio de la comunidad, y que su función principal es crear condiciones de gobernabilidad. La estabilidad política es un bien público tan valioso como cualquier otro, porque es lo que permite el trabajo responsable de los gobernantes, que está basado en la voluntad popular. ¿Cómo podría un gobernador designado, sin peso electoral, conciliar los intereses de la comunidad y de la clase política, en el ejercicio de un cargo de elección popular al que ha llegado en medio de una polémica sobre su legitimidad? El tío Baltasar piensa que la inestabilidad política está y va a estar a la orden del día en el Valle del Cauca y que el mejor servicio que le puede prestar el Gobernador designado al Departamento es quedándose, pero creando condiciones de gobernabilidad que reconozcan la realidad política departamental, que hoy no existen, lo cual haría que las elecciones convocadas, en las cuales nadie tiene real interés, se obedezcan pero no se cumplan.