División del trabajo

Mayo 12, 2012 - 12:00 a.m. Por: Óscar López Pulecio

Los partidos que conforman la Unidad Nacional tenían la obligación de escoger un candidato de consenso para la Gobernación del Valle, puesto que son en su conjunto la alternativa política a los fallidos dos últimos gobiernos departamentales. Pero deberían haber escogido también una carta ganadora: alguien con la mayor posibilidad de ser elegido por el conocimiento que el elector tuviera de él y sobre todo, su reciente capacidad para conseguir votos. La referencia obvia es la última elección de Gobernador del Valle, hace tan sólo seis meses, en la cual los candidatos de los partidos de la Unidad Nacional, que deberían haber sido uno solo, fueron escogidos dentro de un proceso largo de convenciones y consultas partidistas, que recogió la opinión mayoritaria de los partidos que los apoyaban. El resultado de esa votación marcó una grandísima diferencia entre Jorge Homero Giraldo y Ubeimar Delgado, cuando el primero más que dobló la votación del segundo. Las condiciones políticas dentro de la Unidad Nacional no habían cambiado tanto en seis meses como para haber repetido a las carreras un proceso similar. Ni hacerlo, inexplicablemente, sin su principal protagonista. Es claro que no había tampoco espacio para atender las solicitudes de la sociedad civil, para buscar un consenso entre empresarios, gremios de la producción y políticos alrededor de una persona con condiciones antagónicas: conocimiento de la política pero sin ser político y conocimiento de los eficientes procesos gerenciales de la empresa privada, pero dedicada al servicio social. Ese tipo de consensos desaparecieron con la elección popular de gobernadores que entregó a las organizaciones políticas la responsabilidad de proponer candidatos, para que la ciudadanía en su sabiduría escoja al que le parezca mejor. El nombramiento de Francisco Lourido, un dirigente gremial, fue un intento de revivir ese procedimiento de selección por acuerdo entre notables, como se hacía cuando el Presidente de la República nombraba los gobernadores, lo cual, independientemente del resultado positivo de su gestión, fue un acto cuya nulidad fue declarada judicialmente. Lo cual no quiere decir que el sector productivo no tenga derecho a dar su opinión, como lo tienen los demás sectores. Pero el proceso es puramente político y se debe dejar a los políticos tomar la decisión más conveniente, no para ellos sino para el Departamento, porque esa es su responsabilidad ineludible dentro de la división del trabajo en la sociedad y por ella se les debe llamar a rendir cuentas. Pero no se entiende que si se tenía un candidato aceptable que no ganó las recientes elecciones por un margen muy pequeño, que dobló a su siguiente contrincante, no se haya construido a su alrededor un acuerdo sólido, para no repetir la historia. Habría que evaluar las ventajas y desventajas de la elección popular de gobernadores y alcaldes. Allí hace falta establecer más requisitos para los candidatos, más inhabilidades, más responsabilidades para ellos y sus partidos. Pero mientras tanto, esas son las reglas del juego. Donde no siempre gana el mejor sino el que puede, dice el tío Baltasar, y añade que el juego a su parecer no ha terminado porque en ese enfrentamiento de las maquinarias políticas, que no de la opinión pública, una mala jugada puede llevar a que los partidos de la coalición de gobierno vuelvan a perder las elecciones. Y su tarea de consenso sea al final sólo una manera de abrirle opciones de triunfo a otras alternativas más seductoras.

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