Directo al pueblo

Directo al pueblo

Octubre 06, 2017 - 11:40 p.m. Por: Óscar López Pulecio

¿Quién entiende que el Partido Verde haya recogido 4,5 millones de firmas para que el Congreso autorice una consulta popular contra la corrupción, que se realizaría el 10 de marzo de 2018, víspera de las elecciones parlamentarias y ad portas de la elección presidencial, para que el pueblo apruebe unas inhabilidades parlamentarias y de contratación con el Estado, resumidas en siete puntos, y al mismo tiempo el gobierno que ya termina, apoye la idea de realizar un referendo para reformar la Justicia, que tendría lugar el mismo día? ¿No son acaso una y otra cosa materias que deberían hacer parte de la plataforma electoral de los partidos políticos o movimientos ciudadanos para que se debatan públicamente y sean apoyadas en las elecciones que se avecinan? ¿Si lo que se quiere es apelar directamente al pueblo para que apruebe iniciativas concretas, entonces para qué las elecciones?

La democracia es en el fondo la cesión legítima del derecho fundamental de participar en las decisiones de gobierno, que es lo que define la ciudadanía. Como ya no se pueden reunir todos los ciudadanos en el Ágora como en la antigua Atenas, éstos ceden el derecho a tomar decisiones comunitarias a los dirigentes que les inspiran confianza a través de los partidos políticos.

Es dentro de la estructura de los partidos donde se maduran los liderazgos y donde se escogen las personas que van a representar a los ciudadanos en los órganos del gobierno, con las iniciativas que han recibido su apoyo. Sin partidos políticos no hay democracia. Pero con partidos que no cumplen su función y obligan a imponer a la fuerza una democracia plebiscitaria, tampoco.

De hecho, es muy difícil que esos mecanismos de participación tengan éxito. Primero, no puede coincidir en el mismo día ni con otra elección y segundo, requieren unos altísimos índices de participación para ser válidos. Como para la fecha de las elecciones el censo electoral será de alrededor de 36 millones de votos, la consulta requerirá la tercera parte (12 millones de votos) y el referendo la cuarta parte (9 millones de votos) para cada una de sus preguntas y el voto afirmativo de la mitad más uno para que cada propuesta sea aprobada.

Difícil que alguien no quiera que no haya instrumentos contra la corrupción administrativa, pero salir a votar por un formulario de prohibiciones impulsadas por un partido minoritario, lo es mucho más. Y más difícil todavía aprobar un referendo sobre un asunto técnico y complejo como es la reforma de la administración de la Justicia porque la gente no sale a votar en elecciones donde no hay personas sino propuestas especializadas, que hoy ni siquiera están en blanco y negro, ni han sido discutidas públicamente.

Las dos iniciativas parecen más bien banderas electorales y por ello lo correcto sería que se conviertan en ellas, seguramente con grandes posibilidades de éxito. No es una gran profecía decir que un candidato a la Presidencia de la República que tenga como propuesta central la lucha contra la corrupción, en todas las esferas, en el Congreso, en el gobierno y en la Justicia, tendría las mayores posibilidades de ser elegido si la gente ve en la coherencia de su carrera pública un mensaje sincero, no oportunista. Pero acudir a los mecanismos excepcionales de la democracia participativa, en vísperas de las normales elecciones representativas, sí es dispararse en un pie.

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