Con el mismo nombre

Con el mismo nombre

Noviembre 17, 2017 - 11:40 p.m. Por: Óscar López Pulecio

El punto central de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc no era que éstas participaran en política sino que se sometieran a un proceso de justicia restaurativa que las habilitara para participar en política. Ese proceso tiene unas etapas definidas: verdad, justicia, reparación y no repetición. Es decir, confesar los crímenes, someterse a unos jueces especiales para que establezcan penas por esos crímenes, reparar material y moralmente a las víctimas, y clausurar su acción combativa para cambiarla por una acción política.

Por las razones que sean, burocracia, desinterés del legislador, demoras que llevaron a mezclar la ejecución del acuerdo con las campañas electorales, el hecho es que parece que todo estuviera sucediendo al revés: primero la participación en política y luego la justicia restaurativa, lo cual es una ofensa a la inteligencia de los colombianos y sobre todo a los defensores de buena fe, contra viento y marea, del proceso de paz. El anuncio de que los veteranos dirigentes del secretariado de las Farc irán al Congreso sin que se hayan sometido antes a la Justicia Especial para la Paz, cuyos tribunales aún no existen, y que el Gobierno sancione esa participación para las elecciones del 2018 tiene, además del escándalo que produce, algunas consecuencias políticas. La primera, que es un poderoso factor adicional de desprestigio para el Gobierno que ya termina; la segunda, que tira por la borda cualquier posibilidad de que un candidato surgido del proceso de paz llegue a la Presidencia de la República; y la tercera, que le da razones a la extrema derecha para decir que las reservas que tenían sobre el proceso eran ciertas.

Es mejor que el secretariado de las Farc esté en el Congreso hablando y no en el monte disparando y con candidato a la Presidencia aunque saque pocos votos. Pero que obtenga diez curules en el Congreso sin un proceso judicial previo que se suponía expedito y generoso, se convierte en otra expresión de la crisis ética por la que atraviesa el mundo político, que no acata ni los laxos principios que él mismo estableció para firmar la paz. No se trata de que con esa decisión se esté violando el Tratado de Roma, o de que la inefable fiscal de la Corte Penal Internacional advierta de otra posible investigación para Colombia en ese tribunal que es como un rezago colonialista, sin poder y sin dientes; un tigre de papel, cuya jurisdicción no es reconocida por las grandes potencias y jamás ha condenado a nadie, con un par de excepciones africanas. De lo que se trata es de que se respeten los principios del derecho natural, de la Constitución Colombiana, de la ética de la justicia, de la moral civil, que ordenan respetar la vida humana, sus derechos inalienables y los bienes ajenos, y sancionar a quienes no lo hagan como la base misma de la convivencia.

Mejor hubiera sido que una nueva generación de integrantes de las Farc, con una mejor formación política y una edad menos avanzada que les permitiera adaptarse a los complejos procesos de la democracia parlamentaria, hubiera conformado esas listas. Hubiera sido una manera de abrir de verdad una ventana al futuro de ese movimiento político, con otra gente y con otro nombre. Pero en un tremendo error histórico, allí estarán legislando los viejos guerrilleros, tercamente marxistas-leninistas, con el mismo nombre y sin castigo.

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