¿Caerá la barrera?

No hay nada más atado que un tratado de libre comercio, porque aunque se busca la liberación de los intercambios de productos y servicios entre los países que lo firman, para que ese proceso sea lo menos traumático para las partes, hay que establecer plazos, reservas, condiciones, cuotas, que protejan a los débiles, estimulen a los agentes promisorios y controlen a los poderosos. Esa es la teoría. En la práctica es una negociación como cualquier otra donde el fuerte trata de imponer sus ventajas, y el frágil de no dejarse.La Organización Mundial de Comercio, OMC, antigua Gatt, nació en 1995 y dio lugar en 2001 al Gats, el cual amplió el objeto inicial del Gatt que era un acuerdo general sobre tarifas y comercio, a los servicios, incluida la educación, la salud, el agua, las telecomunicaciones y la energía. En lo referente a la educación superior, la OMC, considera cuatro modalidades de prestación del servicio: transfronterizo, consumo en el extranjero, presencia comercial y transferencia de personas. Sólo 22% de sus 154 miembros había establecido compromisos sobre educación superior en el año 2002, en Latinoamérica, México y Panamá. Colombia no lo ha hecho, pero ha traspasado los criterios establecidos sobre la modalidad tres, presencia comercial, al texto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC, cuya ratificación final parece próxima. Esos criterios son: incluir en la llamada lista 1, que son las barreras específicas que se establecen sobre el tratado, o sea las disconformidades con él, el carácter no comercial de la educación superior privada, establecido en el artículo 98 de la Ley 30 de 1992. E incluir en la lista 2, donde se pueden mantener o adoptar medidas disconformes con el tratado, a la educación superior pública.Ese admirable resumen de siglas y palabrotas significa en plata blanca que las universidades públicas no están afectadas por la entrada en vigencia del TLC, porque el Estado en su soberanía se reserva su manejo, y que la única barrera existente para que no haya en territorio nacional una avalancha de instituciones internacionales comerciales prestadoras del servicio de educación superior está a punto de ser levantada con la inminente derogatoria de la Ley 30 de 1992 y la legalización en el proyecto de ley que busca reemplazarla, de las Instituciones de Educación Superior, IES, con ánimo de lucro. ¿Qué espíritu perverso podría decir que un asunto está relacionado con el otro? El negocio internacional de la educación superior es simplemente gigantesco. Incluye preparación de estudiantes en países extranjeros, campus de universidades en países diferentes de su origen, servicios de franquicia, asociaciones con instituciones nacionales, multinacionales de la educación, aprendizaje en línea. Ningún país puede resistirse a ese embate en la era del conocimiento, y en Colombia mucho de eso ya se está dando. Pero IES extranjeras con ánimo de lucro en territorio nacional es otra cosa, y en su regulación está la clave para que su presencia no sea la de los bárbaros sino la de la cultura. Si Colombia tiene que abrir su sector educativo privado al mercado comercial internacional por exigencia de los tratados internacionales, pues que se adelante el debate y se midan sus consecuencias. Y si se decide hacerlo, que se haga con toda la prudencia y las restricciones necesarias. El tío Baltasar dice que bastaría aplicar las que hoy existen para las IES privadas nacionales, sólo si se cumplieran para éstas y para las que vendrían de afuera.