Apertura política

Apertura política

Septiembre 01, 2012 - 12:00 a.m. Por: Óscar López Pulecio

Lo primero que llama la atención sobre el acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc para adelantar conversaciones de paz, es lo que no figura en él. No hay de por medio un cambio en el sistema de gobierno, ni en el sistema económico, ni en las relaciones internacionales. Todo lo que hizo interminable e imposible la negociación del Caguán. Parecería que el paso más importante que debieron haber dado las Farc hace muchos años, podría darse ahora: su integración al sistema político para defender sus ideas desde los escenarios sociales y parlamentarios, como lo hacen las demás organizaciones políticas. Es así como se han solucionado tarde o temprano los conflictos políticos de las naciones.El hecho simple de que no haya precondicones ideológicas no depende en realidad de las partes, sino de las realidades nacionales y mundiales. La economía colombiana formal se ha insertado, para bien y para mal, en la economía mundial, en un proceso sin regreso de apertura de mercados, tratados de libre comercio, flujos de inversión extranjera. La política colombiana, a pesar de los pesares, se ha abierto a nuevos movimientos, ha incrementado la participación ciudadana, se ha depurado de la influencia nefasta del paramilitarismo gracias al trabajo valiente y persistente de los jueces, que ha fortalecido la separación de los poderes públicos. La puesta en marcha de los programas sociales impulsados por la Constitución de 1991, politizados o no, ha creado una poderosa red de asistencia social, para compensar el marginamiento de la población menos preparada para integrarse a la modernización. Todos esos procesos, son contrarios a la ideología guerrillera que es la de la estatización de los medios de producción, del totalitarismo político y del aislamiento internacional, que no aparecen en el acuerdo, donde se plantea el impulso a iniciativas de desarrollo social y económico, de naturaleza social demócrata, propuestas por diferentes partidos, largamente aplazadas.Cosa muy distinta es abrir procesos de integración social, de participación política, de justicia transicional, en el marco de los tratados internacionales sobre delitos de lesa humanidad, y hacerlo con las condiciones que se han conocido: reconocimiento político para las Farc, cese de hostilidades, beneficios y garantías judiciales, como la no extradición. Una agenda posible y realizable a la cual el presidente de la República, Juan Manuel Santos, añade como procedimiento que no se repetirán los errores del pasado, que cualquier proceso debe llevar al final del conflicto, que se mantendrán las operaciones militares y que no habrá despeje territorial, y el presidente del Senado y autor de la Ley Marco para la Paz, Roy Barreras, completa a manera de límites al decir que se debe establecer la verdad a favor de las víctimas, que no habrá indultos ni amnistías, ni leyes de punto final y que los máximos responsables de los crímenes más atroces deberán pagar por ellos.Hay en todo ello un aire de realismo y esperanza. No en vano han pasado doce años desde la ruptura de las negociaciones del Caguán, durante los cuales mucho ha pasado: nuevas realidades políticas, cambios generacionales, abolición de fronteras, crisis del capitalismo financiero, extensión universal de la economía de mercado, desaparición del modelo político que inspiraba a las Farc, reivindicaciones sociales en manos diferentes de las suyas. Otro mundo para otro intento que quizás, por físico agotamiento de la guerra sin causa, quizás esta vez resulte.

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