A toda velocidad

Dos procesos paralelos se adelantan en Colombia, el país donde el afán no existe, por la llamada vía rápida (fast track): los desarrollos legislativos para la ejecución del acuerdo de paz de La Habana y la ocupación por grupos ilegales de los territorios dejados por la Farc luego de su desmovilización y concentración en campamentos. Al final, el éxito o fracaso del proceso de paz dependerá de cuál de esos dos avance más rápido.

El proceso legislativo va razonablemente bien. Al reducirse a la mitad los trámites de reformas constitucionales y leyes se conjuga en parte el mayor riesgo que tiene el acuerdo de paz que es el tiempo de su ejecución. Normas como la amnistía para guerrilleros rasos, la estructura de la Jurisdicción especial para la Paz, JEP y la regulación del partido político de las Farc, ya expedidas, son esenciales para el éxito del proceso. Pero los guerrilleros amnistiados han sido muy pocos, los magistrados de la JEP no han sido escogidos y se han producido por decisiones administrativas y en cumplimiento de las leyes aprobadas, salidas de las cárceles con libertad condicional de personas que han cometido crímenes atroces, quienes eventualmente se someterán al fallo de esos jueces, lo cual ha tenido un efecto demoledor sobre la confianza en esa justicia.

De otro lado el gobierno ha caído en la tentación de proponer que se lleven a la vía rápida normas que poco o nada tienen que ver con el acuerdo de paz, como la distribución de regalías de hidrocarburos, lo cual perturba sin necesidad el proceso legislativo, afán que trasluce el hecho de que exactamente dentro de un año se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales, o sea que el tiempo para las grande reformas se acabó. De la misma manera, personas condenadas por delitos que nada tienen que ver con el conflicto, como los altos exfuncionarios del gobierno Uribe, han buscado acogerse a la JEP, cuyo rechazo sólo ha contribuido a aumentar la confusión en esa materia.

En cambio el proceso de ocupación por fuerzas ilegales de los territorios dejados por las Farc avanza a plena marcha. Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, acaba de publicar un libro titulado ‘Seguridad y Justicia en tiempos de paz’, con datos dramáticos sobre la rápida ocupación por el ELN de los territorios dejados por las Farc (242 municipios) en Chocó, Arauca y Catatumbo y lo que es aún peor, enfrentamientos entre el ELN y las bandas criminales en el Chocó por el control de los mercados ilegales de la minería y el narcotráfico. Sólo en el Huila y algunos municipios de otros departamentos, ha habido una ocupación del Estado, por así decirlo.
A nadie se escapa que iba a tardar años la materialización de lo pactado en La Habana que tiene relación con el establecimiento de la presencia real de la institucionalidad del Estado en zonas de conflicto: la existencia de obras de infraestructura, programas de desarrollo rural, fomento al sector privado, impulso a la educación, organismos de control, jueces, y tantas otras cosas grandes y pequeñas que constituyen una comunidad organizada. Pero la presencia militar y policiva que garantice que no se vaya a cambiar un mal por otro si tiene que ser inmediata y al parecer no lo ha sido en el grado y la eficacia requeridos. Preocupa que el Estado vaya por la vía lenta y la ilegalidad por la vía rápida. Y así estamos.