45 preguntas

Abril 18, 2015 - 12:00 a.m. Por: Óscar López Pulecio

Cuando al final de su extenso y detallado cuestionario, y a manera de conclusión, el Procurador General de la Nación le pregunta al Presidente de la República, ¿Por qué el Gobierno Nacional insiste en dividir artificialmente a la sociedad colombiana entre amigos y enemigos de la paz?, está afirmando nada menos que la política pública gubernamental es dividir a la sociedad colombiana, y por tanto lo que está haciendo en realidad es interviniendo en política con un juicio de valor no demostrable judicialmente, que es el ámbito de competencia de la Procuraduría.Cuando pregunta si ¿Va a acatar el Gobierno las sentencias de la Corte Constitucional que fijan límites al Marco Jurídico para la Paz o cree que éstos se deben o pueden negociar con las Farc? O si, ¿Respetará el Gobierno la sentencia de la Corte Constitucional que ordena que el referendo sólo podrá ser aplicado en caso de que haya dejación de armas y desmovilización, en las condiciones señaladas en dicho Marco? O si, ¿Respetará el Gobierno Nacional los límites fijados por la Corte Constitucional frente a la conexidad con el delito político?, lo que está insinuando es que el Gobierno podría estar violando las normas establecidas por la Corte Constitucional, acorralándolo entre las exigencias de la negociación y las leyes vigentes.Cuando pregunta si, ¿Exigirá el Gobierno para firmar un Acuerdo que las Farc entreguen rutas e información sobre sus socios, dentro y fuera del país, en el negocio ilícito de tráfico de cocaína? O si ¿Se compromete el Gobierno Nacional a que en el Acuerdo con las Farc ese grupo se obligue a entregar toda la riqueza ilícita acumulada por décadas para reparar a las víctimas, incluidos los fondos e inversiones en el extranjero? O la madre de todas las preguntas, si ¿Se compromete el Gobierno a que existan penas de cárcel efectivas para los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, o los responsables de esos crímenes atroces serán sancionados sólo con trabajo social y pedidas de excusas públicas? Está anticipándose a temas que aún no han sido negociados, para forzar unas respuestas que mucha gente espera que sean positivas, cuando es un asunto que deberá ser decidido por la justicia transicional. Y así siguen las preguntas sobre la naturaleza política de la negociación, hasta la náusea.El conjunto del cuestionario hace pensar que el señor Procurador, quien no es un funcionario elegido popularmente, olvida que su mandato de representante de la sociedad y cabeza del Ministerio Público, es restringido, como se desprende la lectura de los artículos de la Constitución que establecen sus funciones, todas ellas enmarcadas en dos aspectos: la vigilancia de la conducta de los funcionarios expresada en actos administrativos, para que esté acorde con las leyes vigentes, y su participación en los procesos judiciales a nombre de la sociedad. El Presidente debería ir respondiendo esas preguntas a los colombianos en el momento políticamente adecuado, pero no está obligado a hacerlo al Procurador.El tío Baltasar, asombrado por los alcances sin precedentes de la conducta del Procurador y la desmesura de sus preguntas, dice que si él fuera el Presidente de la República le solicitaría formalmente a la Corte Constitucional que fijara de una buena vez los alcances de las competencias de la Procuraduría General de la Nación.

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