Nuestro desorden pensional

Colombia ha cometido el error de no manejar apropiadamente su obligación pensional, de gran cuidado social porque trata con personas que, habiendo cumplido su ciclo laboral pierden su capacidad de encontrar modos de vida y no pueden quedar a la deriva. Mucho más ante la realidad mostrada por el censo en materia de población de la mayor edad.

El gobierno comete un error garrafal al pretender hacer una reforma cuando lo que el sistema necesita es un ordenamiento lógico de lo que hay, afectado por un sistema laboral errático.

Empecemos por definir en qué consiste la pensión.

La pensión es un salario que la modernidad laboral le otorga a una persona que ha cumplido un ciclo de trabajo y ya, al terminarse éste, puede dejar de trabajar proveída con una mesada financiada por los aportes que hizo del salario que devengaba cuando trabajaba, en un esquema ordenado que le permita vivir el resto de su vida.

El pensionado, así, aporta y financia con parte de su salario al sistema, y cuando se pensiona su mesada debe ser proporcional en dinero al salario que devengaba, y por ello, si los salarios generales, específicamente el mínimo, aumentan en cuantía por efectos de alzas o devaluaciones, las mesadas deben aumentarse en la proporción en la que se aumenten los salarios generales.

Los pensionados son hoy en día objeto de toda clase de disminuciones.
A pesar de que la mesada pensional, ganada por el trabajador por sus aportes al sistema con descuentos de su salario, cada año, cuando se revisa y aumenta el salario mínimo general no ve su mesada aumentada en el tanto del aumento del salario mínimo general que es un igualador natural, sino rebajada porque a los pensionados se les aumenta con el IPC (índice de precios al consumidor) que no es un igualador laboral sino un medidor de precios, que rezaga la equidad por el diferencial que siempre queda entre el salario mínimo y el IPC. Cuando los pensionados van a hacer sus compras y pagos se encuentran todo subido al valor del salario mínimo, y aumentado por efectos mercantiles y tributarios. Esto es un ultraje a la gente pues los pensionados no reciben, luego de desprenderse de su trabajo, ninguna de las prebendas y canonjías de nuestro código laboral.

El pensionado también ve su ingreso disminuido por el aporte obligatorio de salud, que se le resta del total de su mesada. Si bien es natural que el pensionado aporte a su EPS, la cuantía del aporte a salud no debe ser tan alta, pues los pensionados, fuera del descuento, tienen que cubrir copagos y cuotas moderadoras del sistema de salud, amén del costo del transporte a los servicios, hoy vital, que terminan en una rebaja relativa en su mesada y es por ello que se pide que ese aporte se disminuya, pues entre el aporte de salud y la ‘tumbada’ del IPC el pensionado queda muy disminuido en aspectos que le son críticos.

De hecho, en este momento y como consecuencia del doble efecto del IPC y el aporte a salud muchos pensionados de 1, 2, 3 y 4 salarios mínimos originados cuando se pensionaron están viendo sus mesadas disminuirse en relación al costo de vida más allá de lo tolerable, y teniendo a la vista jugosas pensiones de privilegiados del aparato gubernamental, judicial y legislativo.

Por varios años estos dos aspectos han sido reclamados a los gobiernos, que luego de prometer politiqueramente corregir estas inequidades se hacen los de la oreja mocha y mientras tanto los pensionados quedan sufriendo consecuencias, a veces infames.

A los gobiernos siempre les da por querer hacer reformas, por su impacto mediático, pésimo consejero y engañador.