Intermediación financiera

La intermediación financiera institucionalizada es un negocio que el Gobierno ha delegado en forma regulada en bancos y entidades afines con el propósito y función social de financiar las actividades mercantiles que son la espina dorsal del ingreso poblacional, con el cual la gente compra y financia su nivel de vida y lo mejora en el círculo virtuoso del real crecimiento de la economía: el trabajo con valor agregado, que de hecho retroalimenta al sector financiero.Como negocio (del latín negotium: negación del ocio) tienen las entidades financieras el derecho de cubrir sus gastos de operación y tener una utilidad que estimule su crecimiento. Sería absurdo que no fuera así, como lo es en la industria, el comercio, el agro, los servicios profesionales y toda actividad humana.Sin embargo, en Colombia el diferencial entre el porcentaje de interés al cual las entidades financieras captan dinero y las tasas a las cuales prestan el mismo dinero es muy alto, produciendo un doble efecto negativo sobre la economía social: primero, desestimular el ahorro por lo poco que se paga, a la par que privar al ahorrador de un natural y equitativo retorno por su dinero; y segundo, sobrecargar el costo del dinero para trabajar, y también para adquirir.Entre las razones para que Colombia sea un país muy desigual, cosa que el mismo Presidente de la República admitió en su discurso en la Cumbre de las Américas, es que hay sectores de la economía social que ganan mucho dinero en sus operaciones (las entidades financieras y grupos empresariales que gozan de posiciones dominantes en el mercado y ganan por la imposición de los precios y por la financiación de la venta), mientras la falta de capital de trabajo y su alto costo cuando se consigue, es causa de insostenibilidad en la actividad industrial en su sentido general (del latín ‘industria’, ‘industrioso’ que significa trabajo, trabajador), porque el que se convierte en empresario dependiendo de suplir su capital propio con dinero prestado o con financiación de su operación a crédito termina trabajando para quienes lo financian y no para él. Esto conduce al aborto y destrucción de empresas y por ende de puestos de trabajo y de la disminución de la dinámica del crecimiento real de la economía social y fiscal.Cada vez que se toca el tema las entidades financieras reviran diciendo que soportan una carga de gastos y de inhibiciones (encajes, prevención de riesgos y otros condicionamientos) que les restan utilidades. Pero esto no convence a la gente cuando ve en los titulares las inmensas ganancias del sector financiero, tanto en intermediación como en inversiones especulativas, comparadas, proporcionalmente al esfuerzo y riesgo, contra el resto de las actividades del país.Además, los servicios del sector son costosos y a veces incomprensibles, y los trámites para obtenerlos son engorrosos en demasía, haciendo que sectores de menor dimensión y capacidad de maniobra se vean huérfanos de ellos, inhibiendo sus opciones para operar en un sistema formalizado, creando el espacio para los agiotistas y los cuenta gotas.La legislación financiera en Colombia debe definir los parámetros de la intermediación financiera dentro del principio constitucional de la equidad, aplicado a la proporcionalidad del rendimiento y consecuente beneficio entre quien pone la plata y quien la intermedia, lo que se lograría si se define con claridad el papel del dinero y del sector financiero en el desarrollo amplio del país.