Formalidad empresarial

Enero 08, 2011 - 12:00 a.m. Por: Ode Farouk Kattan

El Gobierno se ha comprometido con un proceso de fomento al empresarismo como plataforma para proveer los dos millones y medio de empleos que el país pide a gritos. El grave problema que enfrenta en ese propósito es el temor que se le ha tomado en Colombia a comprometer un patrimonio, ya sea por inversión directa o en garantía, y un prestigio personal, en un empresarismo inestable. Estadísticas de Confecámaras revelan que las empresas pequeñas, que son las que generan más empleo en Colombia, tienen un bajísimo porcentaje de supervivencia. El 75% de ellas no duran más de tres años. Paralelamente, el actual Superintendente de Sociedades ha dicho que todas las leyes que se han dictado en este país para salvar empresas en crisis, desde apartes del Código Civil, pasando por la Ley 222, la 550 y la 1116, no han servido al propósito y plantea hacer otro esfuerzo legal para salvarlas.Mal puede el Gobierno engolosinarse con el repunte del empleo que ha permitido recuperar algún movimiento comercial perdido. Mucho menos en la esperanza de reformas como la ley del primer empleo y prebendas que no pasan de caramelos que endulzan, pero no calman el hambre. Tampoco con engañosos indicadores como el clima de inversión, eufemismo con el cual se disfraza la especulación y el empresarismo privilegiado con condiciones especiales que, fuera de socavar al fisco por efecto de exenciones tributarias, se constituyen en competencia desleal para el empresario no privilegiado. Amén de ser fuentes de corrupción, pues decisión oficial que resulta en lucro privado termina teniendo precio.Colombia necesita una lex mercatoria, una ley que rija los actos mercantiles, diferente al Código de Comercio, remedo del Código de Sociedades que enmarca procedimientos de ellas, pero no establece equilibrios entre los participantes de los actos mercantiles, ni prevé el manejo de cambios coyunturales destructivos. Cuando alguien se vuelve empresario, comienza a adquirir a compromisos laborales, financieros, fiscales, medioambientales, pero ningún derecho para manejarlos en circunstancias cambiantes y siempre víctima de posiciones dominantes. No hay en Colombia una Declaración de los Derechos del Empresario que, a similitud de la de los Derechos del Hombre, permita manejar conflictos de posición dominante o cambios erráticos de las reglas de juego mercantiles. Nuestra legislación convierte incumplimientos nacidos de las circunstancias en delitos penales, sin el beneficio de una justicia mercantil, que es la esencia del manejo del conflicto entre negociantes.En este país todo el mundo legisla mediante conceptos de la ‘jurídica’ de cada dependencia, amén de que no hemos podido salir de la tiranía de reyezuelos de escritorio o ventanilla, que son los que congestionan los juzgados de tutela y el Contencioso Administrativo tras hacer lo que les da la gana, sometiendo a un empresario al castigo de tener que gastar su tiempo en atender al Estado en perjuicio de su atención al negocio.Así, hasta el más cuidadosamente estructurado proyecto industrial y comercial, al día siguiente de iniciado se torna obsoleto, porque las condiciones en las que se estructuró cambian erráticamente en el torbellino del dirigismo estatal. Basta recordar el episodio del Upac y de los altos intereses, escenario en el cual los cobros judiciales y la ineficacia del Código Civil para manejar coyunturas de tal naturaleza, fueron la ‘peste negra’ de un millón de familias y de centenares de miles de empresas que sucumbieron, haciendo que la economía social perdiera 20 años por lo menos de un tortuoso desarrollo. Y que han sido difíciles de rescatar, como lo demuestra la situación en que nos encontramos. El Gobierno no necesita inventar, sino aprender de lo ocurrido.

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