Estado y demandas

Desde hace tiempo se viene agitando el tema de las numerosas y cuantiosas demandas contra el Estado colombiano, que muchas veces le ganan al gobierno no tanto por tener razón sino porque se detectan en ellas contubernios administrativos y judiciales que se combinan para que el tesoro público termine pagándole cantidades de dinero a tramoyistas de la contratación y del derecho que superan la habilidad de defensa del gobierno.Ante este flagelo, el Gobierno reacciona proponiendo blindajes, endureciendo las condiciones para demandarlo. Ciertamente no es admisible que el tesoro público sea el bolsillo en donde reponeros de alto vuelo, públicos y privados, metan las manos. La variedad de relatos de estos acontecimientos ofenden a la población que espera servicios y obras del gobierno, que se diluyen en pagos a inescrupulosos en verdaderos enriquecimientos ilícitos.Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las demandas que se presentan contra el Estado son fraudulentas o injustificadas, y el Gobierno debe tener cuidado con la legislación que proponga pues no puede dejar a la población honesta desprotegida contra desaguisados y abusos de la administración pública.Hay muchas razones para que la ciudadanía acuda a juzgados y tribunales y hasta a las Cortes para resarcir perjuicios causados por una perversa combinación de malas leyes y de malos funcionarios. Hace algunos años, las Cortes reaccionaron contra el uso excesivo del recurso de tutela para reclamar derechos y resarcimientos al Estado, y en una serie de pronunciamientos le exigieron al gobierno que mejorara la calidad de la administración pública pues era evidente que a ella se debía la propensión de la ciudadanía a su uso. A lo cual el gobierno contestó que no podía la administración de justicia soslayar su responsabilidad, dado que una razón para la proliferación de tutelas era que la Justicia era tan lenta e ineficaz que la tutela se había convertido en una forma de obtener resultados.Este es un tema de gran importancia pues en los diagnósticos de las causas de la propensión de las gentes en Colombia a ir a las vías de hecho en la solución de conflictos, estaban el del abuso administrativo y el de la ninguna opción de pronta y eficaz justicia, adobado ello por el aura de corrupción que sombrea el aparato oficial en nuestro país expresada en los medios de comunicación.Se han entronizado costumbres como negar ‘ex profeso’ derechos para que la gente tenga que demandar, por tutela, para que sean concedidos, y en esa forma quitarse obligaciones en la proporción de los que no demandan, que en general son los que más necesitan el servicio. Esto ocurre con la salud y la educación, aspectos sensibles en la vida en sociedad.Existe legislación que le permite al Estado resarcirse de los perjuicios que le causen funcionarios por desidia o culpa, cual es figura de la repetición del perjuicio recibido por el Estado como consecuencia de mala actuación por parte de sus funcionarios. Pero poco se escucha que se lleve hasta las consecuencias deseadas, que son el aconductamiento y responsabilidad de los funcionarios del Estado. Esta falta de la demanda de repetición por parte del Estado a sus funcionarios, fuera de dejar el hueco fiscal del perjuicio que se paga, garantiza la repetición de los desaguisados por parte de los funcionarios.No se ve el resultado de los organismos de control en su papel de prevención de conflictos entre la Administración y la población mediante la inducción de sanas costumbres de gobierno.