De leyes y legisladores

El reciente episodio de una multa absurda originado por la aplicación del Código de Policía a una persona que compró una empanada a una vendedora ubicada en la vía pública nos debe obligar a reflexionar sobre este asunto. Cabe decir que fuera de poner en ridículo a la Policía, cosa no deseable dada la necesidad de que este organismo tenga el respeto de la ciudadanía en sus actuaciones, crea disensión social en materia sensible, que es lo último que necesitamos.

Desde que se comenzó a redactar el Código de Policía hubo muchos llamados de atención hacia el hecho indiscutible de que nuestro desordenado orden social requería, más que mano dura policial, una cultura ciudadana y familiar. Esta desapareció con el desuso de la cartilla de comportamiento social de Manuel Antonio Carreño, que educaba para convivir, y fue reemplazada por un costumbrismo mezcla de muchas formas de vida no solamente causadas por la patanería, sino, infortunadamente, por presiones de la vida cotidiana, fruto, valga decir, de un desordenamiento cultural y además un deterioro de las formas de vida por la acumulación poblacional y sus necesidades económicas sin atención adecuada en las ciudades.

Esto es inadmisible en una sociedad civilizada, pero corregirlo no es necesaria y totalmente función de la Policía sino también del Gobierno, que es el que debe moldear el comportamiento ciudadano al tenor de una apropiada gestión administrativa y conducción moral.

Policía y Gobierno, particularmente el citadino, no pueden echarse las cargas sino compartirlas racional y proporcionalmente en un manejo equilibrado del comportamiento social.

La Policía tiene su función, y la debe cumplir a cabalidad, soportada por los medios necesarios, entre ellos una gerencia social que evite choques con la ciudadanía que por falta de empleo rebusca honradamente la manera de subsistir, pues esto termina aumentando antagonismos de mal efecto mutuo.

Los legisladores tienen mucho por hacer en este aspecto. Las leyes, mal redactadas y, peor, puestas en vigencia, son la forma de estructurar el orden general, pues son de obligatorio cumplimiento y no hay nada más socialmente conflictivo que una ley que enfrente a ciudadano contra autoridad. Y en nuestro medio abundan. Los legisladores tienen que medir con prospectiva bien estructurada los efectos de las leyes que vayan a emitir so pena de que creen efectos contrarios que hasta conduzcan a conflictos sociales (como un cliente comprándole una empanada a una vendedora que no puede tener su venta en un local por falta de recursos -ese no es un asunto de Policía sino de suficiencia social-.) y a estallidos de talante cuando la ley no cumple con su definición de propender por el bien común y más bien obedece a intereses cuestionables que retan adversamente a la ciudadanía.

El mismo nombre de Código de Policía fue equivocado para cubrir lo que paralelamente se debe llamar Código de Comportamiento Ciudadano, deslindándolo del delito, que compete a la Policía. De un tiempo para acá se han venido estructurando en las ciudades normas de convivencia para manejar situaciones conflictivas más no delincuenciales que pueden ser respaldadas por la gestión policial pero según las circunstancias.

Si algo es imperativo en una sociedad es el cumplimiento de la ley. Pero para que ello ocurra espontáneamente y no a la brava es importante que la ley sea buena.