¿A quién?

Sí señores, ¿a quién hay que acudir, (al Alcalde o su Secretaria de Gobierno; al Gobernador; a la directora de la CVC; al General de la Policía o el Ejército) para que no se deje invadir el Parque Natural de La Bandera? ¿Por qué no pasa nada y no sólo se está explotando ilegalmente con las minas de carbón, sino que ahora se están vendiendo lotes con letreros de propiedad privada dentro del parque? ¿Por qué la desidia? Ya en reiteradas oportunidades se ha denunciado ésto y se han interpuesto derechos de petición sin ningún resultado. ¿Habrá responsabilidad penal para aquellos funcionarios públicos que tienen la obligación de no permitir que personas inescrupulosas se apropien de bienes de la Nación, parques que deberían ser pulmones de la ciudad, que, por ende, son propiedad de todos nosotros y no de unos pocos ‘vivos’? ¿O será que vamos a tener que presenciar otra de las muchas invasiones que son permitidas por el ‘desgobierno’, sobre todo ahora en épocas preelectorales? Invasiones que después son un desangre para la economía municipal ya que más temprano que tarde hay que solucionarles los problemas porque se hacen sin ninguna planeación, a la bulla de los cocos.En un salto de garrocha, como diría mi amigo Sirirí en ‘Oye Cali’, me voy para la isla de San Andrés, donde también el problema de uso indebido del suelo tiene al gobernador Pedro Gallardo en serios aprietos tratando de explicarle a la comunidad raizal por qué se piensa construir un “centro de reclusión para el menor” en un sitio donde el POT de la isla dice que su uso primario es para agricultura y turismo. ¿Por qué el Gobernador insiste en no hacer consulta previa con los residentes del sector como la Ley lo ordena? ¿Por qué los gobernantes de la isla, siendo un destino turístico, permiten que se cometan tantos atropellos y aumenten los problemas de inseguridad, en vez de estar trabajando por la educación de los muchachos sin tener que hacer inversiones millonarias en centros de reclusión?¿Qué hay detrás de todo ésto? ¿Será que los gobernantes que elegimos son incapaces de hacer respetar la Ley? ¿Será que hay intereses políticos por encima de los de la ciudadanía? ¿Será que sus ‘indecisiones’ les representan favorecer a unos pocos y de rebote a ellos mismos? Lo más triste de todo ésto es que la calidad de vida en Cali y en San Andrés se deteriora a pasos agigantados, y aquellos títulos de “la sucursal del cielo” y “el paraíso” serán sólo eso, ‘títulos’, porque en la práctica nuestros gobernantes no cumplen sus obligaciones de hacer respetar el uso del suelo que sus respectivos POT ordenan.P.D. No podemos permitir que Estupefacientes le quite a Pazanimal la sede campestre donde alberga cientos de animales desprotegidos, que sólo ellos cuidan ya que el Estado no lo hace como es su obligación.