Procura respetar los derechos ajenos

opinion: Procura respetar los derechos ajenos

Esta no es una columna sobre el Procurador. No voy a repetir...

Procura respetar los derechos ajenos

Septiembre 19, 2012 - 12:00 a.m. Por: Melba Escobar

Esta no es una columna sobre el Procurador. No voy a repetir que está violando el artículo 126 de la Constitución al nombrar servidores públicos que pueden influir en su designación. Tampoco voy a referirme a la violencia con la que impone sus creencias sobre las de los demás, ni a lo inhumano que resulta que alguien pueda desear revertir una sentencia, según la cual las mujeres tienen derecho a abortar en tres casos específicos: violación, peligro de muerte de la madre o malformación del feto. En resumen, no voy a hablar de él, más allá de lo inconcebible que resulta el que una sola persona, cargada de prejuicios, pueda amedrentar a un país entero. La sentencia C-355 de 2006, reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los tres casos mencionados. Para nadie es un secreto que desde la Procuraduría se ha estigmatizado esta práctica, se ha perseguido a quienes promueven el libre ejercicio de este derecho y se ha pretendido disuadir a los funcionarios públicos y prestadores del servicio dispuestos a cumplir con la sentencia. La misma Procuraduría se ha visto involucrada en fomentar el incumplimiento de la Ley, al menos para este caso. Este hecho habría bastado para que Ordóñez estuviese hoy inhabilitado a repetir y, sin embargo, es el único candidato conocido de la terna que examinará el Congreso, por demás ya dedicado a hacer campaña y prácticamente reelegido, sin que las críticas de los generadores de opinión hayan tenido un efecto visible. Volviendo al aborto voluntario, la Fundación Women’s Link ha documentado casos de abuso y maltrato a nivel nacional, por parte de funcionarios y personal de centros médicos, hacia las mujeres que buscan hacer cumplir su derecho en los tres casos. A muchas se les obliga a una tramitología interminable para “demostrar” la gravedad de su estado -cuando en la sentencia basta con un certificado expedido por un médico-, se les maltrata o se les niega su derecho de plano. Tristemente, como en tantos otros casos, todo acaba siendo un problema de dinero. La capacidad de una mujer de elegir qué hacer con su propio cuerpo y su propia vida, es directamente proporcional a su nivel de ingresos. Para quienes pasan del estrato tres, pagar alrededor de trescientos mil pesos en una clínica segura, con buena atención, es una opción a la vuelta de la esquina. Sin embargo, las que no cuentan con ese dinero, quedan a la deriva. Sin una política integral para la aplicación efectiva de esta sentencia, seguirá habiendo niñas y mujeres maltratadas, abusadas, así como muchas muertes evitables, de quienes en un acto desesperado recurren a prácticas insalubres. Centros como Oriéntame en Bogotá, Sí Mujer en Cali y Profamilia a nivel nacional, buscan brindarle una acogida desde la comprensión y la excelencia en el servicio a todas estas mujeres. En Oriéntame, las de más altos recursos subsidian a las de menos ingresos. Sin embargo, estas iniciativas no cuentan con un respaldo integral desde el sector público, para garantizar que seamos todas las niñas y mujeres colombianas, sin importar el bolsillo o nuestra ubicación geográfica, quienes podamos ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones.

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