Los derechos son los derechos

Mayo 25, 2016 - 12:00 a.m. Por: Melba Escobar

Hace 10 años la Corte Constitucional reconoció que optar por el aborto es un derecho fundamental de las mujeres y niñas en Colombia, bajo tres circunstancias: que su vida o salud (física o mental) estén en riesgo, que el feto presente graves malformaciones, que la mujer haya sido víctima de violación o incesto.Sin embargo, este logro ha sido también el caballito de batalla para que algunas personas y organizaciones hagan afirmaciones falsas y generalizaciones tendenciosas desde las cuales se cuestiona el valor de la sentencia C-355 y su aplicación efectiva dentro del sistema de salud.Para no ir más lejos, este diario publicó en días pasados un artículo titulado: “¿Se está abusando del aborto legal en Cali”? Para empezar, no existen cifras generales de los IVE (interrupción voluntaria del embarazo) que se están realizando, por tanto es imposible hacer una afirmación como esta sin incurrir en la especulación. No hay cifras.Segundo, la historia abre con una imagen violenta de un procedimiento con una mujer en avanzado estado de embarazo. En este caso particular el periodista (de quien también desconocemos el nombre), narra con nombres cambiados de las protagonistas (tampoco son fuentes verificables) una práctica que es responsabilidad del médico en particular (de quien tampoco tenemos datos), no de la ley en general.Así mismo, el periodista (¿o la periodista?) omite decir cuáles son las razones para que en algunos casos haya mujeres con gestaciones de más de veinte semanas buscando un IVE. De acuerdo a La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la principal razón para que se soliciten abortos con tantas semanas de gestación, está en las barreras que a menudo les son impuestas para realizarlo. La Mesa ha documentado casos donde las mujeres deben pasar por tutelas, abogados, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la Defensoría del Pueblo y hasta la Corte Constitucional para que su derecho se cumpla. En medio del proceso, estos embarazos avanzan y cuando se falla a su favor, ya tienen muchas semanas o bien, en algunos casos, ya han dado a luz. Estas barreras ignoran que la ley cobija el derecho de estas mujeres y por tanto el sistema de salud debe dar cumplimiento a su requerimiento en los tres casos en los que ha sido aprobada.Respecto al trauma postaborto, la Asociación Americana de Psiquiatría ha afirmado que no hay evidencia de esta condición. Sin duda, un aborto será siempre una decisión difícil, dolorosa, indeseable, pero es también un acto de responsabilidad y de coraje para muchas mujeres, quienes en protección de su propia salud y la del feto, deciden interrumpir un embarazo a pesar del sufrimiento que pueda ocasionar.Como bien dijo hace poco Mónica Roa, impulsora de la sentencia, la interrupción del embarazo debe hacer parte de un plan de salud pública reproductiva integral hacia una sexualidad responsable. Planificar, recibir atención prenatal, tener acceso a un parto y posparto sin violencia obstétrica, así como acceso a programas de fertilidad y la interrupción del embarazo en los casos citados, deben ser una estrategia pública para garantizar una maternidad segura y responsable donde prima el reconocimiento a la salud física y mental de las mujeres, así como a su capacidad para tomar decisiones autónomas, como los sujetos de derecho amparados por la ley que somos.Sigue en Twitter @melbaes

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