Las buenas intenciones

Las buenas intenciones

Julio 18, 2017 - 11:55 p.m. Por: Melba Escobar

La función pública, encargada de controlar, parece estar cada vez más fuera de control. Un fenómeno que al menos en Colombia no tiene nada de nuevo. Sólo en días recientes, las noticias dan cuenta de un Secretario de Seguridad aliado con los grupos de delincuencia armada en Medellín, para conseguir “reducir los índices de inseguridad” de la mano de criminales (así de absurdo como suena).

¿Y qué decir del Fiscal Anticorrupción, ahora procesado por corrupto? Si bien la ley debería ser la expresión de la voluntad de un Estado, lo cierto es que los entes rectores, a los que ya quisiéramos imaginar impolutos, objetivos e infalibles como máquinas perfectas o como ángeles celestiales, no son ninguna de estas cosas porque quienes aplican e interpretan la ley son las personas. Depende entonces de personas que esas leyes magnánimas se hagan posibles. Personas que también nacieron y crecieron en un país inequitativo y corrupto. Personas que con frecuencia han aprendido la retórica de la virtud y la práctica de la delincuencia.

Las mismas personas que nos regulan, y tienen por misión defendernos, son quienes a menudo, con doloroso cinismo, nos atropellan, condenan y maltratan. En medio de esa debilidad institucional nació la guerrilla de las Farc, en un país que no ha sabido garantizar los derechos fundamentales a sus habitantes, pero que ahora busca corregir el camino, acabar con la vía de la violencia, sentarse a hablar sobre lo que piden quienes por décadas se sintieron en el abandono y optaron por las armas y, posteriormente, por el narcotráfico. Sin salvarse del discurso virtuoso que en la práctica se traduce en violencia y corrupción, las Farc nacieron como un ejército campesino dispuesto a combatir la injusticia social. Y miren en lo que terminó.

¿Será una maldición? ¿Todas las ‘buenas intenciones’, reales o falsas en su origen, terminarán convertidas en nuevos métodos de violencia, injusticia y corrupción? ¿No nacieron los falsos positivos de la intención de darle alicientes a los militares para combatir la criminalidad? ¿Y qué decir de las Convivir transformadas en grupos paramilitares, o de los casos de policías dedicados a la extorsión? ¿No acusaron hace poco a unos magistrados del Meta de ayudar a las Bacrim? No en vano dice el dicho: “De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”.

Es por eso que la Justicia Transicional para la Paz suscita poco entusiasmo. Preocupa que de transitoria no tenga más que el nombre, que esté por fuera de la Rama Judicial, algo que viola la Constitución. Y son muchos más los puntos, donde sin duda uno a destacar es que narcotraficantes, entre otros delincuentes, busquen colarse y obtener un trato privilegiado. Ya son más de dos los que han querido meterle ese gol a la ley. Y aunque nadie duda de las buenas intenciones de la JEP, queda claro, como bien lo hemos visto, que la intención no es lo que cuenta. ¿Quienes van a ser los magistrados elegidos para la titánica labor de ejecutar esta ley? Tendrán que ser unos expertos en temas judiciales y penales, además de unas personas virtuosas, incorruptibles, con un elevado criterio y sentido del bien común. La siguiente pregunta es, ¿existirán personas así? Y en ese caso, ¿estarán a la altura del reto? Más vale que así sea, pues está claro que la credibilidad del Proceso de Paz, depende en gran medida de que la aplicación de la JEP dé muestras de ser efectiva y transparente.

Sigue en Twitter @melbaes

VER COMENTARIOS
Columnistas