Crisis penitenciaria

Lejos han quedado las épocas donde el país se enorgullecía con un centro como La Modelo o el Buen Pastor, ambas levantadas en los años 50. Pero el hecho de que hayan pasado más de seis décadas desde la construcción de dos de las penitenciarías más grandes no es razón suficiente para justificar la crisis: ratas en los pasillos, gusanos en los colchones, cañerías rebosando, baños colmados de excrementos, -donde hay seis excusados para mil internos- y una aglutinación de hasta diez presos en un espacio de tres por dos. La crisis no solamente afecta a Bogotá. Las cárceles de Bellavista en Medellín, Vistahermosa en Cali y Rodrigo de Bastidas en Santa Marta, por poner algunos ejemplos, tienen más del 200% de hacinamiento. Y no es de sorprenderse que así sea, cuando en Colombia la población presa se duplicó entre el 2002 y el 2012 pasando de 53 mil a 117 mil reclusos. Somos el país número 15 en el mundo con mayor población carcelaria en proporción a la población, el quinto en Suramérica, todo por cuenta de la proliferación de políticas represivas como apoyo a la seguridad ciudadana, donde se privilegia la detención preventiva, algo que ha hecho que hoy en día dos terceras partes de los reclusos no han sido siquiera condenados. Adicionalmente, se han creado nuevos delitos, se han eliminado rebajas de penas (para extorsión y secuestro) y se ha aumentado la pena en casos como la inasistencia alimentaria, el abuso contra la integridad sexual y contra la propiedad intelectual. Es así como tampoco las reclusiones que incluyen las URI (para capturados en flagrancia, cuya situación debe definirse en 36 horas) y UPJ (para personas que alteran el orden público) dan abasto; ir a la cárcel parece ser cada vez más fácil para los ciudadanos, mientras que salir de ella sigue siendo un suplicio. No es de extrañarse que una persona pase años recluida por haber robado un celular, mientras que quienes cometen crímenes graves, reciben beneficios desconcertantes, como lo atestiguan los abusos con el mecanismo de la detención domiciliaria. Esto sin mencionar que todos van a dar a las mismas celdas o pasillos, donde lo mismo un joven que fue hallado bebiendo licor en un parque, que otro que apuñaló a un enemigo, deben compartir la miseria humana de estos lugares tan parecidos al infierno. ¿Qué pasó con la presunción de inocencia? ¿Ahora todos somos culpables en potencia? ¿Acaso no es la ‘cárcel preventiva’ una trampa peligrosa para encerrar inocentes? La mitad de los reclusos del país están privados de su libertad por delitos menores. Sin embargo, de puertas para adentro, no se hacen distinciones, pues no hay una clasificación de la población carcelaria, todos por igual son víctimas de vejaciones, tratos crueles e inhumanos. Así, la cárcel corrompe, envenena y forma en criminalidad aun aún a quienes enfrentan penas leves y podrían regenerarse con otro tipo de castigo, uno donde no se negasen sus derechos sistemáticamente por semanas, meses e incluso años. Ahora bien, lo de la igualdad entre reclusos, como suele pasar en este país, tiene una excepción. La clase política, incluso en la prisión, y sin importar cuáles sean los delitos cometidos, recibe un trato preferencial donde el agua caliente, el internet, la televisión, son solo algunos de los beneficios otorgados por un Estado que en el sistema penitenciario vuelve a probar su incapacidad para impartir justicia.