Sostenibilidad fiscal

Noviembre 28, 2010 - 12:00 a.m. Por: Mauricio Cabrera Galvis

La Unidad Nacional acaba de tener una fisura en el Congreso porque el Partido Liberal –junto con el Polo y los verdes- votaron en contra del proyecto de reforma a la Constitución que establece la sostenibilidad fiscal como un derecho fundamental de todos y un deber de todas las ramas y órganos del poder público. ¿Cómo se explica este voto negativo frente a un proyecto presentado por el gobierno anterior, pero apoyado por el actual? ¿Por qué un tema que parece tan esotérico como la ‘sostenibilidad fiscal’ se convierte en motivo de división política? En términos sencillos la sostenibilidad fiscal quiere decir que el gasto público no debe crecer más que los ingresos para que el Estado no tenga que endeudarse cada vez más y la deuda pública no crezca más allá de la capacidad de pago del país. La razón para querer convertir este principio elemental en un derecho de todos los ciudadanos es que un Estado que no sea sostenible no tendrá recursos suficientes para garantizar los demás derechos de los ciudadanos como la salud, la educación o la vivienda, es decir que sin finanzas sostenibles no se podrán alcanzar los fines del Estado Social de Derecho. Por la misma razón se busca que todas las ramas del Estado –incluyendo la judicial y la legislativa- tengan el deber de preservar esa sostenibilidad.¿Por qué entonces oponerse a un principio que parece tan sensato y conveniente para el manejo de los recursos públicos? ¿Por qué no obligar al Congreso y a los jueces a que cuando tomen decisiones tengan en cuenta las restricciones presupuestales de la Nación?El problema radica en que el proyecto tiene un marcado sesgo en contra de los mismos derechos fundamentales que dice querer proteger. De una parte le impone un límite al Congreso cuando establece en su artículo primero que “El Congreso de la República, al determinar el alcance concreto de los derechos sociales y económicos consagrados en esta Constitución, deberá hacerlo en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal con el fin de darles, en conjunto, continuidad y progresividad”.A los jueces no se les impone un límite explícito en el texto mismo del proyecto, pero tanto en la exposición de motivos como en las ponencias se manifiesta la preocupación por el impacto económico de las tutelas y otras decisiones judiciales que protegen derechos fundamentales como la salud u obligan a la protección a los desplazados o la reparación a las víctimas. Es evidente que el propósito del proyecto es limitar el alcance de estas sentencias.Esa preocupación es valida. El Congreso y los jueces deben tener en cuenta la disponibilidad de recursos de la Nación, porque sus decisiones pueden quebrar al fisco. Pero esta obligación se debe referir a todas sus decisiones, no sólo a las que se refieren al cumplimiento de los derechos económicos y sociales de los colombianos.El proyecto es sesgado porque no le impone al Congreso el mismo límite cuando legisla sobre subsidios a agricultores, deducciones tributarias a las empresas, contratos de estabilidad jurídica u otros gastos, incluido el militar. ¿Acaso estas gabelas y gastos no atentan también contra la sostenibilidad?También son sesgados los motivos del proyecto frente a los jueces. Las demandas contra la Nación valen $750 billones, pero el 80% corresponden a litigios administrativos y pleitos de contratistas. Las decisiones judiciales, a veces compradas, que condenan a la Nación a pagar multimillonarias demandas a los contratistas son una amenaza mayor contra la sostenibilidad que las tutelas de salud.Tiene razón el partido Liberal en oponerse a este proyecto. No es aceptable que se busque la sostenibilidad fiscal recortando los derechos fundamentales, mientras se permiten otros desangres mayores a las finanzas del Estado.

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