Las finanzas de las reformas

Las finanzas de las reformas

Septiembre 19, 2010 - 12:00 a.m. Por: Mauricio Cabrera Galvis

Las reformas institucionales que está proponiendo el gobierno Santos -como la de la Justicia, la Comisión de Televisión o la creación de ministerios- tienen un componente económico-financiero que puede ser secundario frente a la mayor importancia de los aspectos sustanciales de esas reformas, pero que no puede ser dejado de lado porque la sociedad tiene el derecho de saber el costo-beneficio de sus instituciones.El caso menos controvertido puede ser el de la Comisión Nacional de Televisión. Su presupuesto de gastos para este año es de $166.000 millones, de los cuales $115.000 millones se le van en gastos de personal y funcionamiento, mientras que a programas de inversión sólo dedica un 30% de sus ingresos. Nadie cuestiona la importancia de tener bien regulado y supervisado un servicio público de tanta influencia como la televisión; tampoco la necesidad de contar con algunos canales de televisión pública de excelente calidad que presenten alternativas a la combinación de goles, balas y tetas de los canales privados. La pregunta pertinente es si la Cntv está logrando estos objetivos y si lo está haciendo de manera eficiente con los multimillonarios recursos que tiene a su disposición. La respuesta que le ha dado el gobierno a estos interrogantes es negativa: la Cntv aparece como una entidad politizada, burocratizada e ineficiente y por eso la opinión pública aprueba su eliminación. Lo importante es que la entidad que la reemplace no tenga los mismos vicios y sirva mejor al propósito público de contar con una buena televisión.Caso contrario es la separación de los ministerios de Protección Social, Interior y Justicia y Medio Ambiente. Uno de los argumentos del ex presidente Uribe para justificar el error de fusionarlos fue racionalizar la administración pública y generar un ahorro fiscal por la reducción de costos de personal y de costos de funcionamiento. Sin embargo, como lo muestra la exposición de motivos del proyecto de separación, los gastos reales de los ministerios fusionados en el 2010 son 5% superiores a los que tenían cuando estaban separados en el 2002. O sea que nos quedamos con el pecado y sin el género porque se deterioró la administración pública en estos sectores, pero eso sí se gastó más.Es interesante la explicación que da el gobierno actual a este incremento de gastos; en la misma exposición de motivos dice que fue “por los constantes requerimientos de las entidades orientados a ensanchar sus plantas con base en las nuevas obligaciones y compromisos adquiridos como consecuencia de la intensa agenda legislativa promovida por el Gobierno” (léase búsqueda de la segunda reelección).La reforma a la Justicia, aunque aplazada, también tiene un elemento en el que es indispensable el análisis de costo-beneficio: la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Como la Cntv, se trata de una entidad que cumple funciones de gran importancia como son la disciplinaria y la administración del enorme presupuesto de la rama judicial. Pero, además de las críticas por su politización y supuestos casos de corrupción, cabe preguntarse si lo está haciendo de manera eficiente.El presupuesto de gastos del CSJ es enorme: este año los magistrados tienen a su disposición $134.000 millones para gastos de funcionamiento y $152.000 millones para inversión, que en conjunto representan el 16% del total de recursos asignados a la rama judicial. ¿Se está invirtiendo bien esa cantidad de dinero? ¿Tienen justificación los multimillonarios gastos de funcionamiento?El esquema gerencial de la sala administrativa del CSJ es ineficiente. Son 18 magistrados en total (6 principales y 12 auxiliares) y 8 unidades administrativas; pero además se duplican las funciones con una Dirección Ejecutiva de administración judicial que tiene 6 unidades más, y esta duplicación se repite en todas las seccionales. Una justicia pronta y cumplida requiere una gerencia profesional y eficiente.

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