El fracaso de la UAF

Noviembre 24, 2013 - 12:00 a.m. Por: Mauricio Cabrera Galvis

En el acalorado debate sobre la reforma de la ley de baldíos, que se refiere principalmente a las grandes extensiones de tierras de la Orinoquía, se ha dejado de lado un elemento cuya modificación es esencial para lograr el doble objetivo del desarrollo de la Altillanura y la distribución equitativa de la propiedad de la tierra: el tamaño de la UAF.La UAF, o Unidad Agrícola Familiar, se ha definido como el área de terreno suficiente para que explotada por una familia campesina le produzca unos ingresos mensuales de tres salarios mínimos, es decir unos $1,8 millones. Por supuesto la UAF no puede ser la misma para todo el país, sino que su extensión depende de las características del suelo de cada región.De hecho en 1966 el Incora definió unas 150 “zonas relativamente homogéneas” en las que el tamaño de la UAF va desde 2 Ha en Ubaté y la Calera, o 4 Ha en la zona cafetera y el Valle del río Cauca, hasta 2.269 Ha en el Caguán. La diversidad es grande aún en un mismo departamento; por ejemplo, en el Meta las UAF pueden ser de 13 Ha en las riberas del río Meta, 920 Ha en la zona plana de Puerto Gaitán o 1.840 Ha donde hay serranías.La limitación que existe para ser propietario de más de una UAF solo se aplica para las tierras que eran o son baldíos de la Nación, que están sobre todo en la Orinoquía, pues es evidente que no está prohibido poseer más 2 Ha en la sabana de Bogotá o 4 Ha en el Valle.El problema con esta limitación legal radica en que la definición de la UAF para la Orinoquía es obsoleta y absurda y sus efectos han sido muy negativos pues ha frenado el desarrollo de la región, no ha logrado la mejor distribución de la propiedad y solo ha servido para que unos pocos afortunados adjudicatarios se enriquezcan especulando con la valorización de los baldíos regalados por el Estado.En efecto, el modelo productivo implícito en la definición de la UAF en la Altillanura es el de la ganadería extensiva e ineficiente, con solo una cabeza de ganado cada 20 o 30 Ha. Solo así se explica que se piense que fincas de 1.000 o 2.000 Ha solo le generen a una familia $1,8 millones mensuales.Para otros proyectos agrícolas diferentes en esta región, bien sean cultivos transitorios como maíz y sorgo, o permanentes como caucho y palma de aceite, la UAF actual es un verdadero obstáculo para cualquier clase de propietario.Para el campesino 1.000 Ha son un encarte pues ni siquiera con los subsidios del Estado puede llegar a conseguir los $5.000 o $6.000 millones que debe invertir para desarrollar el cultivo; por el contrario, para un proyecto agroindustrial esa extensión de tierra puede ser insuficiente para lograr las economías de escala que hagan atractiva la inversión.Para lograr el desarrollo de la Orinoquía se requiere actualizar la definición de la UAF de la zona a unas 50 a 100 Ha, y ampliar a unas 5.000 Ha los límites de las extensiones que pueden ser adquiridas por un mismo propietario.Para que este desarrollo sea con equidad el Estado debe promover los esquemas cooperativos y ofrecer a los campesinos financiación y asistencia técnica; por su parte a los empresarios privados se les debe exigir que asocien a los pequeños productores en sus proyectos, como acertadamente lo propone el proyecto de Ley que prepara el gobierno.

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