El carrusel judicial

Mayo 12, 2013 - 12:00 a.m. Por: Mauricio Cabrera Galvis

El desangre más grande de las finanzas públicas no son los multimillonarios robos de empresarios y políticos ladrones como el caso del carrusel de la contratación en Bogotá; tampoco son las inequitativas pensiones de $20 millones mensuales y más que recibían el club de congresistas y magistrados, y que en buena hora ha tumbado la Corte Constitucional. Son las pretensiones de las demandas contra el Estado y las entidades públicas en las que existe un verdadero carrusel judicial.Las cifras son elocuentes. Con el desmonte de las pensiones que hizo la Corte, el Estado se va a ahorrar unos $50.000 millones anuales, y las mordidas en los contratos bogotanos pueden ser unas tres o cuatro veces esa suma. Son cifras escandalosas, pero palidecen ante el tamaño de lo que tiene que pagar la Nación por concepto de sentencias judiciales. Solo el año pasado fueron $964.000 millones.Lo peor es lo que puede venir, porque el Gobierno Central enfrenta demandas cuyas pretensiones valen la astronómica suma de 90 billones de pesos, que equivalen al 20% del PIB. Además están las demandas contra departamentos y municipios que no han sido cuantificadas.En muchos casos es pelea de tigre y burro amarrado, porque el Estado se enfrenta a litigantes profesionales, como aquellos contratistas que participan en licitaciones para poder demandar después asesorados por los mejores y bien pagados abogados.Como lo diagnostico hace algunos años el ex magistrado Rodrigo Uprimny: “la situación es peor cuando el Estado es demandado en tribunales de arbitramento, pues no sólo el Estado suele estar mal representado, sino que se enfrenta a una justicia privada que en muchos casos está administrada precisamente por los abogados que son expertos en representar a las empresas en los pleitos contra el Estado.”A nivel nacional ya se ha empezado a enfrentar esta amenaza con la creación de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, pero los entes territoriales son todavía muy débiles.El caso de Cali y el Valle es un dramático ejemplo de consorcios que se ganaron cuestionados contratos adjudicados por alcaldes y gobernadores corruptos; como esos contratos fueron desmontados por los nuevos mandatarios que llegaron a limpiar la casa, los contratistas pretenden recuperar en tribunales de arbitramento las frustradas ganancias.Así el Municipio de Cali enfrenta una demanda por $50.000 millones de la UT Si Cali, a quien el alcalde Guerrero les canceló el lesivo e ilegal contrato de recaudo de los impuestos municipales. A Acuavalle la han demandado por $25.000 millones por haber terminado un contrato adjudicado de manera irregular en el 2010, en el que el contratista ni siquiera pudo hacer el cierre financiero ni empezar las obras.La situación más grave es la de la Gobernación, que tuvo que acudir a la ‘ley de quiebras’ para protegerse de todas las demandas, embargos y tutelas en su contra. Las más cuantiosas son las derivadas de la cancelación de los contratos de vigencias futuras del destituido gobernador Abadía. Ya se ganó una por $10.000 millones, pero está pendiente otra por suma similar y el Departamento acaba de ser condenado a pagar $8.600 millones al consorcio que estructuró el proyecto, por una Comisión de Éxito que no tenía ninguna justificación.Este último caso es una combinación de una pésima defensa jurídica por parte del también destituido gobernador Useche, con una discutible sentencia de dos árbitros (el tercero salvó el voto), que demuestra la necesidad de fortalecer la defensa jurídica del Estado y acabar con el carrusel judicial de los contratistas y los tribunales de arbitramento.

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