¿Economía campesina o agroindustria?

Junio 30, 2013 - 12:00 a.m. Por: Mauricio Cabrera Galvis

El debate sobre la compra de enormes extensiones de tierra en los Llanos Orientales por parte de empresas nacionales y extranjeras ha tenido como trasfondo el enfrentamiento de dos formas de producción agrícola como si fueran excluyentes: la del pequeño propietario campesino y la de la explotación a gran escala por la agroindustria. Es un enfoque equivocado porque las dos formas son complementarias y además se necesitan mutuamente, en particular en las condiciones de la Orinoquía.Para consolidar la paz es requisito indispensable el desarrollo con equidad en el sector agrícola; para lograrlo, el país debe superar dos grandes retos: disminuir la enorme concentración en la propiedad de la tierra, pero al mismo tiempo hacer productivo y rentable el sector rural. La simple entrega de tierras a los campesinos pobres, que no tienen los recursos ni la tecnología para explotarlas adecuadamente es inútil para lograr este doble propósito.La realidad es que la repartición de baldíos en los Llanos ha sido un fracaso histórico, por la falta de políticas estatales complementarias, que no ha contribuido a sacar a los campesinos de la pobreza e inclusive ha permitido la consolidación de grandes latifundios improductivos y el enriquecimiento de unos pocos con la valorización acelerada de sus tierras.La repartición de las grandes extensiones de la altillanura que todavía son propiedad del Estado, o que han sido usurpadas de manera ilegal, sí son la oportunidad que tiene el país para que millones de desplazados y víctimas tengan su propio pedazo de tierra, y debe hacerse con prestezaPero el acceso a la propiedad es solo uno de los obstáculos para que esas familias campesinas puedan tener ingresos suficientes para una vida digna. En los cultivos de esta zona el valor de la tierra tan solo representa el 15% o 20% del total de las inversiones requeridas.Para el desarrollo sostenible de las tierras de la altillanura se requieren cuantiosas inversiones, tecnologías apropiadas y procesos industriales que den valor agregado a los productos agrícolas. El Estado puede y debe proveer a los campesinos bienes públicos necesarios para este desarrollo, tales como vías, comunicaciones, riego, asesoría técnica o financiación; pero estos no son suficientes, sino que también se requiere inversión privada y gestión empresarial.Los proyectos agroindustriales requieren extensiones de tierra mayores a las que necesita una familia campesina, y las restricciones legales que hoy existen deben ser modificadas no solo para permitirlos sino para promoverlos. Pero para que no se repita la historia y las tierras de los campesinos acaben todas en una pocas manos de unos grandes empresarios, se deben establecer límites y condiciones.El modelo a seguir es el del Magdalena Medio, donde en cultivos de palma de aceite empresarios privados promueven la vinculación de pequeños productores, les brindan asistencia técnica, les ayudan a conseguir financiación y les reciben y comercializan el fruto. A su vez la empresa se beneficia porque el mayor volumen de producción le permite lograr mayor eficiencia por las economías de escala.La alternativa a la confrontación innecesaria entre el pequeño productor campesino y la agroindustria es la promoción de formas asociativas. Esta debe ser una política estatal, pero también una condición exigida a los empresarios privados que quieran adquirir mayores extensiones de tierra.***Adenda positiva. Es una buena noticia que la Junta del Banco de la República haya decidido seguir comprando dólares, señalando así que está dispuesta a mantener la tasa de cambio por encima de $1.900. Ojalá lo hiciera sin anuncios previos, porque así sería más efectiva su intervención.

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