¿Diplomacia o tambores de guerra?

Producen indignación las imágenes de los abusos y desmanes de la Guardia Nacional venezolana contra pobres e indefensos desplazados colombianos. Hay que exigir al gobierno de Maduro que no los siga atropellando, pero para tratar de lograrlo hay dos caminos muy diferentes: recurrir a los medios de la diplomacia bilateral y multilateral o hacer sonar los tambores de guerra. Solo el primero tiene posibilidades de éxito.En cualquier caso, la primera prioridad que se debe atender es la situación de las familias expulsadas de Venezuela o que han tenido que salir por miedo a perder sus escasas posesiones. Más allá de la crisis diplomática o de los oportunismos electorales, lo que existe es una tragedia social, hombres, mujeres y niños sufriendo las consecuencias de un complejo ajedrez político en el que, como siempre, los más pobres son los peones sacrificados.El gobierno colombiano ha reconocido que existe una emergencia humanitaria y ha tomado medidas para que esas familias tengan por lo menos albergue transitorio, comida y atención de salud. Está bien, pero son solo medidas paliativas que no solucionan el problema de fondo que es la incapacidad secular del estado colombiano (desde mucho antes de este gobierno) de ofrecer condiciones de vida digna a los pobladores la frontera.De otra parte, no hay que olvidar que el conflicto interno colombiano ha producido más de 4 millones de desplazados de sus tierras y sus hogares. Es muy posible que entre estos y los desplazados por la pobreza si sea cierto lo que dice Maduro, que más de 800.000 compatriotas pasaron la frontera atraídos por el populismo chavista que, a pesar de todos sus errores, si elevó el nivel de vida de los más pobres dándoles por primera vez vivienda, alimentación, educación, salud y recreación, por lo menos hasta que duró la bonanza petrolera.Así pues, el punto de partida para resolver la crisis es reconocer que si existe un problema real en la frontera con esta multitud de desplazados, agravado por la corrupción y la presencia en la zona de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas. Esto implica que Venezuela puede tener el derecho de deportar a los indocumentados e inmigrantes ilegales, pero también tiene la obligación de respetar sus derechos y no puede acudir a métodos que no son del Socialismo del Siglo XXI sino del Nacional-Socialismo hitleriano.Es equivocado responder a estos desmanes con amenazas de uso de la fuerza, pues al aumentar las tensiones fronterizas la chispa de cualquier incidente –por ejemplo la muerte de un soldado de cualquiera de los dos países- puede hacer estallar un incendio imposible de controlar en el que solo ganarían los vendedores de armas.Además hay que tener en cuenta que Maduro está utilizando esta situación con propósitos electorales, ante la perspectiva casi cierta de perder sus mayorías en las próximas elecciones parlamentarias. Por eso la agudización del conflicto sería el mejor escenario para reforzar su campaña electoral e inclusive para suspender las elecciones.En otras palabras, la estrategia de responder diciendo “le doy en la cara Maduro” como le gusta a cierto expresidente, lo único que logra es fortalecer la posición del mandatario venezolano. Suena paradójico, pero es posible que a ese expresidente le convenga que Maduro no sea derrotado porque si se acaba el castrochavismo se queda sin discurso y pierde vigencia política.El gobierno Santos ha optado por el camino acertado de la diplomacia con firmeza y ha sido respaldado en ese empeño por todos los partidos políticos, que han demostrado más sensatez que algunos dirigentes.