Control a las vigencias futuras

Control a las vigencias futuras

Diciembre 05, 2010 - 12:00 a.m. Por: Mauricio Cabrera Galvis

El uso y el abuso de las llamadas vigencias futuras (VF) por el Gobierno Nacional y las entidades territoriales ha llegado a ser de tal magnitud que se ha convertido en una amenaza para la sostenibilidad fiscal.Tan grave es el problema que, en el caso de los entes territoriales, motivó una inusitada circular conjunta de los organismos de control nacionales (Contraloría, Procuraduría y Auditoría), firmada también por el Ministro de Hacienda, en la cual ordenan que “las operaciones de crédito aprobadas bajo la forma de vigencias futuras, deberán ser derogadas por las respectivas asambleas o concejos”. Lástima que no hayan hecho una advertencia similar para el Gobierno Central, que ha sido tan irresponsable como los departamentos y municipios en la aprobación de VF.Las VF son un mecanismo presupuestal, utilizado desde hace más de 20 años, que le permite a una administración comprometer recursos fiscales de presupuestos futuros para la financiamiento de un determinado gasto que también debería ser futuro. Así, si se va a construir una obra que dura varios años, como el Túnel de la Línea o un metro, un presidente o un alcalde puede con las debidas autorizaciones comprometer el presupuesto del siguiente mandatario para garantizar que se termine la construcción. Ese es el uso normal.El abuso se dio cuando las VF empezaron a ser utilizadas para pagar en el futuro un gasto presente, es decir para pagar a plazos por una obra. Si un mandatario no tiene plata para una obra importante, la forma normal de financiarla debería ser contratar un crédito bancario o emitir unos bonos para pagarle de contado al constructor; pero para evitar los requisitos del crédito público se aprueban VF para pagarle a plazos al constructor quien, de esta forma, se convierte en financiador. Por eso tiene razón la Contraloría cuando dice que las VF son operaciones de crédito encubiertas.Según la Auditoría General, los departamentos y municipios tienen comprometidas VF por un valor de $31 billones (6% del PIB), de los cuales $16 billones sobrepasan el período de gobierno de los mandatarios actuales. Más grave aún, el 32% de estas son para gastos de funcionamiento y no de inversión. Estas VF son deuda no registrada, y su cuantía es superior a toda la deuda interna y externa registrada de las entidades territoriales que asciende a $26 billones.El Gobierno Central no se queda atrás en el uso de las VF, pues un solo presidente comprometió casi el mismo monto de VF que 32 gobernadores y cientos de alcaldes. En efecto la administración Uribe le dejó a Santos una pesada herencia de $30 billones comprometidos en VF que equivalen a todo el presupuesto de inversión de tres años y al 18% del total de la deuda pública del Gobierno Central.Utilizar el mecanismo de las VF como una forma de financiamiento del gobierno tiene muchas desventajas. Una de ellas es que encarece los costos financieros de los proyectos en la medida en que hay un intermediario adicional; además los oculta pues no hay una tasa de interés pactada sino que es incluyen dentro de los costos de la obra. Otra es que reduce la competencia en las licitaciones de obras, pues sólo pueden participar constructores que tengan el músculo financiero para poner los recursos para la construcción; con menos competencia, el valor de las obras se incrementa.Para garantizar la sostenibilidad fiscal se debe prohibir de manera tajante la utilización de las VF como un crédito de proveedores no registrado, es decir cuando se usan para pagar a plazos por una obra. Sólo se deben permitir las VF para pagar gastos futuros, en cuyo caso no hay crédito, o como garantía para la contratación de un crédito cumpliendo todos los requisitos de la deuda pública.

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